La iniciativa, presentada por el PP en el Senado, fue respaldada con 17 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones en la Comisión de Derechos de las Familias. El texto aprobado insta al Gobierno a desarrollar un modelo de seguimiento auditivo que acompañe al menor “durante toda su infancia y no se limite al momento del nacimiento”. Reclama al Gobierno a abordar estas propuestas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de “reforzar la detección precoz de la sordera y evitar desigualdades en función del territorio”.

Durante su defensa, la senadora del PP Raquel González subrayó que en España más de 1,2 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad auditiva y que cada año unas 1.900 familias reciben el diagnóstico de sordera en un hijo. En este sentido, destacó que el actual sistema de cribado neonatal, implantado a nivel nacional desde principios de los años 2000, ha supuesto “un avance incuestionable”, pero resulta insuficiente.

“La evidencia científica demuestra que muchas pérdidas auditivas no están presentes al nacer, sino que aparecen después, de forma progresiva o sin factores de riesgo identificables”, advirtió. Según explicó, esta situación genera una “brecha” en la detección, ya que los menores pueden llegar tarde al desarrollo del lenguaje, al aprendizaje o a la socialización, con impacto en su trayectoria vital.

La moción propone medidas concretas como la actualización de protocolos de detección basados en evidencia científica, la incorporación de revisiones auditivas periódicas en los controles pediátricos y en el entorno escolar, así como el refuerzo de la formación de profesionales sanitarios y educativos para “identificar señales de alerta de forma temprana”.

Además, plantea impulsar campañas de sensibilización dirigidas a las familias y avanzar hacia la implantación de un cribado auditivo posnatal universal hasta los 15 años, en coordinación con las comunidades autónomas a través del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de “garantizar una respuesta homogénea en todo el territorio”.

El Grupo Parlamentario Socialista defendió una enmienda que proponía avanzar en estas medidas “con rigor y evidencia científica”, incorporando evaluaciones previas antes de implantar nuevas actuaciones. Sin embargo, el grupo proponente rechazó la enmienda al considerar que planteaba un enfoque “menos ambicioso y supeditado a futuros análisis”.

Por su parte,Izquierda Confederal apoyó el objetivo general de la moción, pero cuestionó su “encaje competencial” y “la falta de respaldo técnico” para algunas medidas, como el cribado universal, lo que motivó su abstención. En la misma línea, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado expresó dudas sobre la ampliación del programa hasta los 15 años sin una base científica suficientemente clara.