Así consta en el texto de la moción que el PP defenderá hoy en la Cámara Alta como primer punto del debate, en el que advierte de que lo que está en juego y está provocando “una comprensible alarma en la sociedad” es “ni más ni menos que la integridad y el prestigio de nuestro sistema democrático, que resultarían gravemente dañados” si se aprobase una ley de amnistía, “más o menos encubierta”, que “supusiera dar por sentado que lo injusto no fue la actuación de los dirigentes políticos de la intentona secesionista de octubre de 2017 en Cataluña”.

El pasado 11 de septiembre, ante la Junta Directiva Nacional del PP −el máximo órgano entre congresos de la formación−, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ya adelantó toda una ofensiva parlamentaria con la presentación de mociones en las Cortes Generales, parlamentos, diputaciones y ayuntamientos para intentar retratar a los barones y cargos socialistas votando concretamente sobre la concesión de la amnistía que exigen desde Junts y ERC para investir a Sánchez.

De tal forma, el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, debatirá y aprobará una moción para manifestar “su absoluta reprobación de toda negociación política destinada a la obtención de apoyos parlamentarios para la investidura como presidente del Gobierno que incluya, como contrapartida, la concesión de una amnistía, expresa o velada, o de cualquier forma de indulto o beneficio judicial, que de un modo u otro busquen favorecer a las personas encausadas por el proceso ilegal de secesión perpetrado en Cataluña”.

También se rechazarán, según consta en el texto de esta iniciativa que se someterá el martes a debate de los senadores, “todas aquellas modificaciones legislativas realizadas para beneficiar a los responsables del llamado ‘procés’, tales como la eliminación del delito de sedición y la reducción de las penas por malversación”.

“DESLEALTAD CONSTITUCIONAL”

Del mismo modo, el Senado determinará que es “necesario recuperar el delito de sedición en el Código Penal, mejorando y actualizando su tipificación para castigar las formas más graves de deslealtad constitucional, así como regular también otros actos desleales cometidos por responsables públicos dirigidos a poner en peligro la paz y el orden constitucional, como es el caso de la convocatoria de referendos o consultas no autorizadas”.

El PP también aprovecha esta moción para pedir “restablecer la tipificación penal del delito de malversación en su formulación anterior a la reforma de 2022, adecuando en todo caso su definición y penas a los estándares europeos”.

Además, “frente a la política chantajista de los partidos independentistas y la ostensible receptividad a la misma de los partidos que integran el actual Gobierno en funciones”, se proclamará “la urgente necesidad de recuperar la política de acuerdos de Estado entre las principales fuerzas políticas de ámbito nacional”.

Así, desde la Cámara Alta se propondrá impedir que “España se vea abocada a la disyuntiva entre un Gobierno débil y sometido voluntariamente a la agenda del independentismo por mero afán de supervivencia en el poder o la repetición de elecciones generales”, según se recoge en la iniciativa del grupo mayoritario.

Asimismo, el PP hará que la Cámara de representación territorial abogue “por la inaplazable recuperación del consenso entre los grandes partidos de ámbito nacional en las decisiones que afecten sustancialmente a nuestro modelo autonómico de Estado y, en general, a la política territorial o al sistema de financiación autonómica, garantizando así el principio de igualdad y conciliando la diversidad con la unidad, y la autonomía con la solidaridad”.

“ENCRUCIJADA”

En parte introductoria del texto de esta moción, el PP reivindica su victoria el 23-J y carga contra “la radical cerrazón de los partidos de izquierda que, gracias al imprescindible apoyo parlamentario de formaciones independentistas, formaron Gobierno en la pasada legislatura”, situando a la política española “ante una encrucijada que nuestra sociedad observa con gran inquietud”.

De tal forma, el PP critica que, “en lugar de asumir que el diálogo político con el partido ganador de las elecciones es la salida más democrática de esta situación, PSOE y Sumar han emprendido una huida hacia adelante intentando reeditar su alianza con los partidos independentistas”.

En esta ocasión, alertan desde el PP, esa alianza necesita ahora “del imprescindible concurso de Junts per Catalunya, cuyo líder, Carles Puigdemont, es un conocido prófugo de la Justicia tras haber encabezado el frustrado proceso de secesión ilegal de Cataluña en 2017” y quien ahora ha expresado “reiteradamente que su condición previa inexcusable para iniciar una negociación” es la amnistía.

“Es más, incluso han llegado a manifestar que ese acuerdo ya está hecho, sin que nunca tal afirmación haya sido desmentida por ningún portavoz del PSOE o de Sumar”, censura el PP, y sostiene que “una exigencia de esta naturaleza –es decir, proceder a dinamitar el Estado de derecho como paso previo o elemento nuclear de una negociación–, sería inmediatamente descartada” en cualquier democracia europea.

“Lejos de rechazar de modo terminante tal posibilidad, el actual presidente del Gobierno en funciones ha manifestado insistentemente que ve su investidura como ‘cosa hecha’. E incluso ha iniciado ya un opaco proceso de negociación con sus partidos afines para la presentación de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que dé satisfacción al trágala impuesto por Carles Puigdemont”, indica el PP en su exposición de motivos para presentar esta moción.

En este contexto, el partido de Alberto Núñez Feijóo reitera su convencimiento de que la amnistía “no cabe en modo alguno en nuestra Constitución”. En esta línea, avisa de que “lo que está hoy en juego es mucho más que el color político del próximo Gobierno de España”, dado que Sánchez está “dispuesto a lo que sea para no perder el poder”.