Según la senadora socialista Maria Fernández, la propuesta busca promover la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas para garantizar el cumplimento de la ley del derecho al aborto, para garantizar que se articulen mecanismos para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia de los sanitarios no suponga un impedimento del acceso efectivo de las mujeres a este derecho.

También impulsar actuaciones para adaptar la atención del aborto siguiendo los consejos de la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Del mismo modo, el PSOE quería establecer mecanismos para garantizar, tal y como establece la ley, que ninguna asociación u organización contraria al derecho al aborto pueda recibir subvenciones destinadas a fines de oposición al aborto o desinformación sobre el mismo.

El Partido Popular criticó esta propuesta, asegurando que es “populista” y que es una formula para “tapar” los casos de presunta corrupción que rodean al Gobierno y al PSOE. En esta línea, la senadora de Vox Paloma Gómez se opuso a esta propuesta porque trata de “imponer el rodillo ideológico” del Gobierno, “limita” la libertad de las mujeres y se mostró favorable a defender “el derecho a la vida”.

A favor de la iniciativa se posicionaron grupos parlamentarios como el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), cuya senadora Maria Carmen Da Silva pidió que la reforma constitucional del aborto se haga “con garantías y la máxima protección” de los derechos fundamentales de las mujeres.

También se mostraron a favor desde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Grupo de Izquierda Confederal, cuya senadora Carla Delgado acusó al PP de presumir de un feminismo “de hojalata”.