Durante su intervención en el debate en defensa de la iniciativa, la senadora socialista Nuria Medina reivindicó que en “muchas” autonomías gobernadas por el PP se ve “el mismo patrón: personas en situación de dependencia en la más absoluta soledad”, algo que, a su juicio, “no es coyuntural”, convencida de que el sistema” funciona con una lógica muy clara”, que es la de “la corresponsabilidad”.

Tras puntualizar que el Gobierno está “impulsando” una reforma legislativa de las leyes de dependencia y discapacidad “que nos va a permitir adaptarnos a las nuevas realidades, a una sociedad que envejece y que plantea nuevos retos”, denunció que “el problema aquí es la falta de voluntad política de algunos territorios gobernados por el PP”.

En este contexto, reivindicó que la moción pretendía “seguir avanzando, consolidar un sistema que no puede quedarse anclado en el pasado, para adaptarlo a una sociedad que envejece, que plantea nuevos retos como la cronicidad o la despoblación rural” y aseveró que el Estado “está cumpliendo” y “ahora toca que todas las comunidades autónomas cumplan, sin excepción” y “empiecen a hacerse cargo de lo que les corresponde”.

El PSOE rechazó las enmiendas de EH Bildu y PP, cuyo senador Bienvenido de Arriba denunció que el Gobierno “ha incumplido sistemáticamente su compromiso de financiación” a través de los Presupuestos Generales del Estado y “no puede garantizar la estabilidad de un sistema tan sensible”, teniendo en cuenta que “aproximadamente el 73% del coste del sistema lo asumen las comunidades autónomas”.

DESEQUILIBRIO

“Este desequilibrio no solo resulta injusto, sino que además compromete su sostenibilidad”, apostilló, al tiempo que criticó la “parálisis y propaganda” del Gobierno y señaló que su enmienda pedía “que se cumpla la ley” y se garantice su accesibilidad universal mediante la financiación “suficiente y específica” para las comunidades autónomas así como desarrollar la estrategia de desinstitucionalización “sin excluir ni demonizar la atención residencial”, entre otras medidas.

“El PP no está en contra de la dependencia, está en contra del engaño, de la improvisación y de cargar sobre las comunidades autónomas una responsabilidad que también corresponde al Estado”, abundó en el turno de portavoces.

Por EH Bildu, Olaia Duarte pidió “mejoras” en el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia “en un plazo máximo de tres meses” así como que las prestaciones sean percibidas con efecto retroactivo, la compatibilidad de recursos y “dejar de financiar el negocio de la residencia y residencias privadas con dinero público” o reducir el copago.

En el turno de portavoces, por el PSOE, la senadora Marta Arocha aseveró que “la situación es especialmente dramática en todas aquellas comunidades gobernadas por el Partido Popular”, mientras que por la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea anunció su voto favorable a la moción y pidió una financiación “sólida” para el sistema al tiempo que juzgó “imprescindible” que se “avance” a una financiación estatal del 50% del sistema.

Por Vox, Fernando Carbonell advirtió de que “la pregunta no es si debemos modernizar el sistema” sino “cómo hacerlo sin seguir ampliando la distancia entre el derecho reconocido y el derecho efectivo”.

Por último, desde EAJ PNV, María Dolores Etxano mencionó la “paradoja” de que, “cuanto mejor funciona un sistema, cuanto más se invierte en términos porcentuales, la aportación del Estado se reduce” y criticó que las leyes de dependencia y discapacidad “llevan años sin cumplirse en su integridad en buena parte del territorio” y desde Junts, Francesc Xavier Ten, lamentó el “trato de segunda” que reciben las autonomías en este ámbito y que el Estado “no cumple” la ley actual.