La moción del PP insta al Gobierno a garantizar que la política penitenciaria respeta la legalidad vigente y los principios de memoria, dignidad, justicia y reparación para las víctimas del terrorismo.

La iniciativa de los populares, a la que Vox ha presentado una enmienda, propone la creación de una Ponencia de estudio en la Comisión de Interior del Senado para analizar la política penitenciaria aplicada a los reclusos etarras, especialmente por parte del Ejecutivo vasco que preside el lehendakari, Imanol Pradales.

En las últimas semanas, el Gabinete de Pradales, amparándose en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, ha dado un permiso de seis días al etarra Mikel Garikoitz Azpiazu, alias 'Txeroki'. También ha concedido, aunque luego el juez penitenciario lo ha revocado, el régimen de semilibertad a la excabecilla etarra Soledad Iparaguirre, alias 'Anboto', y a José Ramón Carasatorre.

"REFORZAR" EL CONTROL

Por ello, los de Alberto Núñez Feijóo instan al Gobierno a actuar con "máximo rigor" con los reclusos etarras. Con este fin, piden "promover las reformas normativas necesarias para evitar que los mecanismos de flexibilización en la ejecución penitenciaria puedan aplicarse a condenados por delitos de terrorismo sin el cumplimiento material y efectivo de los requisitos de desvinculación, arrepentimiento, colaboración con la Justicia y satisfacción de la responsabilidad civil exigibles en estos casos".

El PP también solicita al Ejecutivo central "reforzar, en el ámbito de sus competencias, la actuación de la Administración General del Estado, de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal para supervisar, recurrir e impugnar cuantas decisiones penitenciarias resulten contrarias al espíritu y a la finalidad de la legislación aplicable a los condenados por delitos de terrorismo". La moción señala que "nuestro ordenamiento exige cautelas reforzadas" para personas condenadas por delitos de terrorismo.

Por su parte, Vox ha presentado una enmienda a la moción del PP, en la que incluye medidas como hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA, investigar los crímenes pendientes de resolver y promover que todos los delitos cometidos por la banda etarra sean considerados crímenes de lesa humanidad.

TERCER GRADO ENCUBIERTO

El debate de este miércoles en el Senado se producirá después de que el Gobierno vasco venga aplicando de forma recurrente el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a presos etarras, lo que implica que se benefician de permisos o el régimen de semilibertad tras reconocer el dolor causado y otros requisitos.

Esto es posible después de que el Gabinete de Sánchez traspasase la competencia de las cárceles al País Vasco por el Real Decreto 474/2021, de 29 de junio. Asociaciones de víctimas como la AVT y Dignidad y Justicia han asegurado que se está aplicando de "manera encubierta" el tercer grado, sin habérselo comunicado a las víctimas, y que dichos beneficios penitenciarios se están concediendo "con nocturnidad y alevosía".

La moción del PP que se trata este miércoles en la Cámara Alta subraya que "la política penitenciaria no puede convertirse en un instrumento al servicio de intereses políticos coyunturales ni de equilibrios parlamentarios".

Aunque las excarcelaciones se amparan formalmente en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, se argumenta que en muchos casos se apartan de los criterios del Código Penal. Los populares sostienen que "en muchos casos se apartan clamorosamente de los criterios establecidos por el Código Penal que deberían regir la concesión del tercer grado y la libertad provisional a los penados por terrorismo".