Iglesias, quien realizó este anuncio durante su intervención en el foro 'Vivienda, de Emergencia al Derecho', organizado por el Ministerio de Vivienda e 'Infolibre', puso en valor el esfuerzo realizado por el Gobierno de España para mejorar la accesibilidad de la vivienda y aseveró que va "mucho más allá" del Plan Estatal de Vivienda, con acciones concretas para mejorar el acceso a este derecho.

La directora de este organismo quiso distinguir entre vivienda social, asequible y del mercado libre, que tildó de "ley de la jungla". "La idea es utilizar Sepes para construir el parque de vivienda asequible disponible para las mayorías sociales de este país, vamos a poner unos límites de renta por abajo mínimos, aunque tampoco muy elevados", aseguró Iglesias, quien indicó que la mayoría social va a estar en disposición de ser beneficiaria de estas viviendas que se ofertarán con transparencia y libre disponibilidad.

Asimismo, Iglesias recordó la importancia de blindar este parque construido con fondos públicos para que se garantice su asequibilidad. "No queremos que lo que hoy es asequible mañana deje de serlo. Si hoy legislamos, nos evitamos que las crisis de vivienda se conviertan en cíclicas", afirmó, y al ser preguntada sobre la viviendas que están a punto de perder su calificación, aseguró que no se puede recuperar esta calificación pero si evitar que se alquile a cualquier precio mediante mecanismo como la Ley de Vivienda.

Sobre los mecanismos de colaboración público-privada, afirmó que "los buitres acuden ahí donde hay carroña" y afirmó que si las condiciones de las reglas de juego poseen rendimiento limitado, controles de precio y garantías de calificación permanente, los agentes del sector que buscan rendimientos más allá de lo razonable no acudirán a la colaboración con la vivienda pública.

UNA RECLAMACIÓN HISTÓRICA

El diálogo también contó con el Presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), Jorge Nacarino; el gerente de Nasuvinsa, Javier Burón; y la portavoz del Sindicato de Llogaters de Cataluña, Carme Arcarazo.

"Yo, como gestor público, no voy a admitir nunca un socio que aspire a un dividendo de más de un dígito en menos de varias décadas", aseguró el gerente de Nasuvisa, Javier Burón, quien afirmó que las empresas públicas ayudan a "encapsular los riesgos" ya que la parte pública "bloquea los riesgos" y el beneficio radica en la ciudadanía.

Asimismo, aseguró que para la construcción de viviendas "en ningún caso" el suelo público se debe vender ya que los administradores públicos tienen la "obligación moral" de legar instrumentos que sirvan para que los españoles del futuro puedan tomar decisiones en materia de vivienda. "Si somos propietarios de mucho suelo público y podemos tomar decisiones, tomaremos decisiones sobre la vida de la gente", aseguró.

El presidente de la Fravm, Jorge Nacarino, condenó la descapitalización del parque de vivienda y pidió ser "más valientes" en la dotación del Plan Estatal de Vivienda, para que las políticas públicas "lleguen a los barrios y no se queden únicamente en una declaración de intenciones".

Carme Arcarazo, por su parte, llamó la atención sobre las malas condiciones del parque de vivienda en alquiler y aseguró que los Fondos Next Generation no han servido para mejorar el confort o la eficiencia energética de estas viviendas. "A lo que van la mayoría de países europeos, dado este resultado, es a la obligatoriedad", aseguró. También alertó sobre los riesgos de aliarse con determinados socios a la hora de construir vivienda. "Tenemos que pensar sobre con quién construimos las viviendas", lamentó la portavoz de los inquilinos de Cataluña, quien señaló directamente a Vivenio o Caixabank y clamó por el respeto al derecho a la huelga en el mundo del sindicalismo vecinal.

Por último, denunció que la Tesorería General de la Seguridad Social está desamortizando más de 1.000 viviendas adquiridas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y afirmó que quienes están acudiendo a estas subastas son fondos buitres.