Simancas achacó la siniestralidad a la precariedad laboral por el exceso de contratas y el descontrol de las condiciones en las obras, al incumplimiento sistemático de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al número insuficiente de inspectores, al consiguiente bajo número de sanciones y a la insuficiente formación de los trabajadores.

"Una de cada cuatro actas de inspección de obras no se tramitan", destacó Simancas, quien exigió que el Gobierno regional haga cumplir la normativa "y se deje de golpes de pecho, como suele hacer el consejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes".