Los sindicatos convocantes de esta "asamblea permanente", según puntualizaron sus portavoces, representan al 90 por ciento de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía destindos en ambas comunidades autónomas.

Sus reivindicaciones, que incluyen demandas de carácter económico y social, les enfrentan a la Administración central desde julio de 1991.

Sin embargo, los encerrados en la sala Juan de Larrea del Gobierno Civil de Vizcaya centran sus aspiraciones en la definición de una política de traslados que asegure la convocatoria de vacantes "suficientes" en todo el Estado, para que los agentes que prestan servicio en esas dos comunidades autónomas tengan opción a concurar.

En el capítulo económico, los sindicatos ANPU, SUP, SPPU y UFP piden recuperar el poder adquisitivo del colectivo, ya que aseguran ganar alrededor de 40.000 pesetas al mes menos que los funcionarios de la Ertzaintza. Igualmente, solicitan la revisión del complemento que perciben por desempeñar su trabajo en zona conflictiva, el pago lineal de la productividad y una serie de ayudas para la compra o alquiler de vivienda.

En cuanto a las reivindicaciones sociales, junto al reforzamiento de las mdidas de seguridad del funcionariado y las sedes policiales, los sindicatos exigen el reconocimiento como enfermedad profesional del deterioro psíquico que sufren algunos agentes como consecuencia de la presión del fenómeno terrorista.

Si no se reanuda el proceso negociador, los sindicatos amenazan con emprender movilizaciones callejeras.