Según dicen, estas personas "obtienen elevados beneficios mediante los fondos privados individuales de pensiones, modelo que presentan como alternativa (insoliaria) del sistema público de reparto", y concluyen que "escuchando su discurso contra lo público da la impresión que en realidad desearían que existieran múltiples agujeros que pusieran en peligro el funcionamiento de la Seguridad Social".

Las dos centrales mayoritarias estiman que "esta actitud es inaceptable cuando proviene de personas muy cercanas al Gobierno con cargos de representación, como el caso del señor Barea". En estas circunstancias, tales personas "deben optar entre mantener su cargo o dfender intereses ajenos a los contenido en los acuerdos firmados por el Gobierno", aseguran.

Para UGT y CCOO, la financiacón de la sanidad y del resto de las prestaciones no contributivas debe proceder de las aportaciones del Estado. Además, ambos recuerdan la diferenciación entre las fuentes de financiación para el sistema contributivo y el no contributivo acordada con el Ejecutivo, lo que poducirá un excedente de ingresos en 1996.