Así lo recoge este informe del que se ha hecho eco UGT en el que se afirma que esas medidas suponen una vuelta a las “políticas de austeridad que tan negros resultados tuvieron en la pasada década en la Unión”.

“UGT se ha mostrado muy crítica con esta reforma y ha realizado todo tipo de acciones para minimizar las partes más lesivas de su contenido, aunque el resultado final dista mucho de ser mínimamente satisfactorio”, manifestó el sindicato dirigido por Pepe Álvarez.

El informe, titulado ‘Navegar por las limitaciones para progresar: Examen del impacto de las normas fiscales de la UE en las inversiones sociales y ecológicas’, avanza que la mayoría de los Estados de la UE no podrán cumplir los objetivos comunitarios de inversión en escuelas, hospitales, viviendas, etc. cuando las reglas entren en vigor.

Las propias cifras que presentó la Comisión Europea (CE) muestran que la inversión requerida en infraestructura social en Europa ya tiene un déficit de 192.000 millones de euros al año, es decir, todos los años se invierten casi 200.000 millones de euros menos de lo necesario para la ciudadanía europea.

Tomando las cifras de la Comisión, el estudio concluye que es necesario aumentar la inversión anualmente en 120.000 millones de euros en sanidad, 57.000 millones de euros en viviendas asequibles y 15.000 millones de euros en educación. Pero en 2027, cuando las nuevas reglas fiscales estén en pleno vigor, se impondrán límites arbitrarios a la deuda y el déficit y, en consecuencia, 18 Estados miembros, entre ellos Alemania, Francia, Italia, España y Polonia, no podrán realizar las inversiones necesarias para cerrar la brecha cifrada por la Comisión.

Solo tres Estados miembro tendrán capacidad fiscal para cumplir los propios objetivos de inversión verde de la UE; e incluso si se ampliara el Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE, solo cinco países podrían cumplir sus objetivos de inversión social y verde, según UGT.

El informe da cifras también sobre lo “contraproducente” que resulta esta nueva gobernanza económica para los objetivos sociales y climáticos de la UE y cómo, en lugar de invertir, los Estados miembro estarán obligados a realizar recortes por valor de más de 100.000 millones de euros en 2027, según UGT.

Además, el sindicato recordó que la Airef ha estimado para España un recorte del 0,64% del PIB anual: unos 9.600 millones de euros anuales con el plan a cuatro años, o un 0,36% de ajuste (5.400 millones de euros) si finalmente el ejecutivo español se compromete con una serie de reformas para ampliar el ajuste hasta los siete años.

Según los cálculos de UGT, este recorte exigido por el plan a 4 años resultaría en un ajuste casi idéntico al propuesto por las antiguas reglas. “Esto demuestra el fracaso de unas negociaciones que no han sido capaces de incorporar las reivindicaciones de la mayoría social, y en concreto lo exigido por los sindicatos”, apuntaló UGT.