En declaraciones a Servimedia, los portavoces de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO), de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) y de CSI-CSIF se mostraron totalmente contrarios a la posibilidad de congelar el sueldo de los funcionarios.

"No aceptaríamos una congelación de forma pacífica", aseguró el secretario de Negociación Colectiva de FSC-CCOO, Juan Carlos Rodríguez.

Rodríguez aseguró que su sindicato estará siempre dispuesto al diálogo, aunque no descartó la convocatoria de movilizaciones si el Ejecutivo proponía la congelación.

En esta línea, la secretaria federal del sector de la Administración General del Estado de FSP-UGT, Yolanda Palomo, afirmó que "no es razonable" que el Ejecutivo proponga esta medida, "dado el bajo poder adquisitivo" de los funcionarios y empleados públicos.

Además, advirtió de que un deterioro aún mayor en los "bajísimos sueldos y las escasas plantillas" puede suponer un empeoramiento en la prestación de los servicios públicos, que son "muy importantes" en épocas de crisis.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CSI- CSIF, José Ramón García, denunció que esta medida sería "una aberración", ya que algunos funcionarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo en las últimas tres décadas de hasta un 30%.

NEGOCIACIÓN COMPLICADA

Los sindicatos esperan que la negociación del incremento salarial comience en el mes de septiembre y auguran que será "complicado" alcanzar el acuerdo si el Gobierno plantea la congelación de los sueldos.

No obstante, las organizaciones sindicales coincidieron en adelantar que estarían dispuestos a estudiar un incremento salarial inferior al de años anteriores, siempre y cuando el Ejecutivo acepte incluir para el futuro la cláusula de revisión en el mecanismos que fijan el aumento de los sueldos.

Los sindicatos se quejan de que, cuando la inflación era superior al objetivo del 2%, el Gobierno se negó a incluir las cláusulas de revisión salarial; mientras que ahora pretenden reducir el aumento salarial basándose en que el IPC será inferior a la previsión.

"Llevamos diez años reivindicando que la cláusula debería ser de aplicación, si ahora vemos un moivimiento en la posición del Gobierno, que siempre ha sido contrario a esto, por ahí podría haber alguna base de acuerdo", dijo Rodríguez.

En su opinión, aunque para este año esa cláusula pudiera revisar a la baja los salarios, en el futuro garantizaría que los funcionarios dejen de perder poder adquisitivo.

"Si fuera así lo estudiaríamos", dijo García, quien rechazó que "lo que no puede ser" es que "los funcionarios seamos siempre quienes paguemos los fallos en la gestión económica de los gobiernos".

En este caso, Palomo se distanció de las reclamaciones del resto de sindicatos, ya que considera que la cláusula de revisión no tendría efectividad ya que el incremento salarial de los funcionarios lo fija la ley de presupuestos.

En su opinión, el objetivo debe ser lograr aumentos superiores al IPC en la mesa de negociación, para que así lo recojan los presupuestos.