Así lo manifestaron el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, y el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, tras una reunión este viernes en la sede del Ministerio de Seguridad Social, celebrada después de que esta madrugada las dos fuerzas del Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) alcanzaran un acuerdo que incluye medidas que ya cuentan con el visto bueno de la UE.

Con todo, explicaron que todavía “hay asuntos pendientes” y que tendrán que analizar pormenorizadamente las propuestas y los números puestos sobre la mesa y volverán a reunirse nuevamente el lunes.

El pacto incluye medidas como la subida de las bases máximas de cotización y la posibilidad de que los ciudadanos elijan dos períodos diferentes de cómputo de la pensión. Una de ellas será la vigente (los últimos 25 años de la carrera profesional), que los sindicatos y las fuerzas parlamentarias que apoyan la acción del Gobierno no querían ampliar.

La otra alternativa será un plazo de 29 años, eliminando los dos peores ejercicios de la vida laboral. Con todo, esta propuesta ha ido siendo rebajada por el Ministerio de Seguridad Social, ya que el ministro José Luis Escrivá defendía hace pocas semanas elevar el plazo hasta los 30 años, eliminando los dos peores. Al ofrecer estas dos alternativas, el Ejecutivo logra sortear las posiciones encontradas de los sindicatos y los partidos de izquierda y la Comisión Europea.

Por su parte, CEOE difundió un comunicado junto a Cepyme y ATA, en el que criticó que “el sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”, alertó CEOE.

A su juicio, resulta “inconcebible que el Gobierno afronte la reforma del sistema de pensiones sin el necesario debate y diálogo social tras alcanzar un acuerdo con Europa en una cesión de soberanía sin precedentes”.

La segunda fase de la reforma de pensiones forma parte de los hitos comprometidos con la Unión Europea en el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la recepción del cuarto desembolso de los fondos europeos. El plazo comprometido con Bruselas para tener aprobada esta reforma acabó el 31 de diciembre de 2022, aunque el ministro Escrivá ha restado en reiteradas ocasiones gravedad a esta demora, alegando que ya se produjo también un retraso con la reforma del sistema de cotizaciones de autónomos el pasado verano.