Este acuerdo, suscrito en 1997 entre las organizaciones empresariales y sindicales, permite solucionar conflictos laborales que surjan entre empresarios y trabajadores sin acudir a los tribunales.

A través de este acuerdo se establecen sistemas de mediación y arbitraje para solucionar conflctos en relación con la interpretación y aplicación del convenio colectivo, el bloqueo de la negociación colectiva y las convocatorias de huelga, así como las consultas sobre movilidad geográfica, suspensión de contratos, modificación sustancial de las condiciones de trabajo o despidos colectivos.