Así lo recoge la CES en una carta remitida al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), en la que critica la “acción inaceptable por parte del Gobierno español” que pone en peligro “el mandato, la composición, las responsabilidades y los métodos de trabajo de la Comisión de Reclamaciones Colectivas”, así como el funcionamiento de ésta y las reclamaciones colectivas que se presenten en el futuro.

UGT presentó en marzo de 2022 una reclamación ante el CEDS al entender que el sistema de despido en España incumple el artículo 24 de la Carta Social Europea y el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que la normativa española no es suficientemente reparadora, ni proporcional al daño que produce el despido a los trabajadores.

Sin embargo, lo que debiera dirimirse, de forma clara y justa, fue entorpecido al interferir el Gobierno de España en el funcionamiento del CEDS, recusando a una experta que había sido recomendada por el mismo Ejecutivo. Esta acción ha sido denunciada en numerosas ocasiones por UGT y es sobre la que ahora la CES exige explicaciones al órgano de justicia del Consejo de Europa, pues se están retrasando las deliberaciones sobre el fondo del asunto.

En su misiva, la CES advierte sobre el impacto de esta acción o maniobra y exige que, “por razones de transparencia, seguridad jurídica y principios de juicio justo (…) el CEDS debe iniciar urgentemente una reflexión sobre la elaboración de tales disposiciones y procedimientos”. Asimismo, insta a que cesen las injerencias en lo que entiende una justa reclamación de UGT y alerta del peligroso precedente que supone aceptar la sospechosa acción llevada a cabo por el Gobierno español.

Para UGT, la reclamación de la CES, que representa a más de 45 millones de trabajadoras y trabajadores en Europa, siendo la organización más representativa del continente, tiene un doble significado.

Por un lado, UGT entiende que esta forma de actuar “puede impedir la administración de una justicia imparcial” ante la denuncia presentada por UGT y a la que posteriormente se sumó también CCOO. Por otra parte, alerta de que “si esto se permite supondría un peligroso precedente que podría afectar a otros casos presentados”.

Así las cosas, UGT critica la “intromisión” del Gobierno de España en este asunto, agradece a la CES su intervención ante el Comité Europeo de Derechos Sociales y exige a éste que resuelva “cuanto antes”, y “sin más demoras”, la denuncia presentada por el sindicato sobre el precio del despido, en línea con lo que marca el artículo 24 de la Carta Social Europea.

En este sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, declaró que espera que haya una resolución antes de que finalice el mes de marzo y que es optimista, porque “sería sorprendente que la resolución no fuera positiva a la reclamación presentada por el sindicato”.