Así se expresaron estas tres organizaciones en un comunicado conjunto, después de que el pasado 10 de junio mantuvieran una reunión con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, quien, según los sindicatos y Fedavica, trasladó que no se van a acometer modificaciones para mejorar la regulación actual del fondo d compensación a las víctimas de este agente cancerígeno.

“En el transcurso de estos meses, el Gobierno no nos ha dado ni la más mínima señal de tener interés en solucionar el problema creado por el actual texto”, lamentaron las tres organizaciones, que revelaron que Suárez facilitó los datos de los expedientes tramitados en los primeros nueve meses de funcionamiento del fondo. Sólo se aprobaron 91 indemnizaciones por un total de 5.571.824 de los 25 millones ya previstos en los presupuestos. Ello, mientras se han inadmitido 181 solicitudes que, por la tipología del caso, tienen reconocido el derecho a percibir la indemnización, pero que la regulación del fondo pospone su entrada en vigor a una posterior regulación a través de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Pero los sindicatos y Fedavica señalaron que los datos proporcionados demuestran que “no existe un problema económico, como intentaba justificar el secretario de Estado, porque no se ha producido una avalancha de solicitudes”. A su juicio, aunque se hubieran indemnizado las 181 solicitudes desestimadas, no se hubiera agotado, “ni de lejos”, la partida ya existente en los PGE de 25 millones.

“El Gobierno tiene en su mano los instrumentos legislativos para acometer estas modificaciones sin vincularlas a la tramitación de una Ley de PGE que tiene escasas probabilidades de ser aprobada. Esta decisión responde, a nuestro juicio, a pretender derivar su responsabilidad hacia aquellos grupos parlamentarios que previsiblemente van a votar en contra de los PGE”, agregó el comunicado.

Finalmente, las tres organizaciones firmantes manifestaron su “indignación” por el trato dado hacia las personas afectadas por el amianto, “que están siendo tratadas por el Gobierno como víctimas de segunda categoría”.

“Creemos que la opinión pública debe saber que una parte de esas víctimas va a fallecer sin poder ver como el daño sufrido es finalmente compensado a pesar de existir una ley que les reconoce ese derecho”, concluyeron.