La ruptura se ha producido al no aceptar la Administración la propuesta de los sindicatos de negociar exclusivamente las condiciones laborales de los trabjadores afectados por el ámbito del plan.

Para la FSP-UGT, la negativa de la Administración responde a la intención de iniciar un expediente de regulación de empleo encubierto, que supondría el despido de 3.500 trabajadores del organismo público.

Asimismo, los sindicatos sospechan que la Administración aplicará la movilidad geográfica y funcional a cerca de 4.500 trabajadores del INEM.

"La adopción de estas medidas", añaden los sindicatos en un comunicado, "se traduciría en un empeoramiento e la gestión del servicio público de empleo y de las prestaciones económicas que dependen de este servicio".

En los próximos días, las organizaciones sindicales que abandonaron dichas reuniones mantendrán un encuentro para concretar un calendario de movilizaciones que evite el desmantelamiento que la Administración pretende realizar del servicio público de empleo.