Así lo aseguraron la portavoz de Jupol, Laura García, y el secretario nacional de Relaciones Institucionales de la AUGC, Juan Diego Madrazo, durante su intervención en la Comisión de Vivienda del Senado. García denunció que las instituciones "trasladan la responsabilidad a los ciudadanos y revictimizan a las victimas". "Pareciese que te tuviese que dar vergüenza tener una vivienda", lamentó García, quien afirmó que aquellos cuyo inmueble es okupado "viven un calvario judicial y personal" y aseguró que muchas de estas víctimas "renuncian a denunciar" y optan por acudir a empresas de desokupación.

También lamentó la "ambigüedad" del concepto 'flagrante', algo que pesa sobre los agentes al tomar decisiones. "Con escasa información tenemos que decidir, en cuestión de minutos, qué hacer con algo tan sagrado como es la vivienda de una persona", denunció García, quien aseguró que "así no se puede trabajar" y aseveró que los policías sufren un "doble riesgo": físico y judicial.

Por todo ello, en su intervención clamó por un refuerzo legislativo destinado a "proteger la propiedad privada". "Nosotros siempre que vamos a una ocupación intentamos decir que confíen en el sistema pero este sistema no les protege", lamentó la portavoz de Jupol, quien concluyó su intervención alertando de que en muchas ocasiones las viviendas okupadas se transforman en narcopisos o lugares donde se ejerce la prostitución y la explotación de personas. "Nunca he ido a una casa okupada por personas vulnerables. Todos son chorizos, jetas y delincuentes", sentenció.

EMPRESAS DE DESOKUPACIÓN

"La ley debería ser un escudo y es un laberinto", adviritió el secretario nacional de Relaciones Institucionales de la AUGC, Juan Diego Madrazo, quien explicó que bajo la etiqueta de okupación conviven "realidades muy distintas" que se pueden agrupar en tres grandes campos: la delicuencial, la asociada a factores de vulnerabilidad, y los conflictos entre particulares, que recogen realidades como la 'inquiokupación".

En su intervención, Madrazo clamó por una actuación "proporcional, eficaz y respetuosa con los derechos fundamentales" y aseguró que "si los ciudadanos continúan viendo que el Estado no llega, seguiran optando por alternativas como las empresas de desokupación". "En un Estado de derecho, el uso legitimo de la fuerza ha de residir en el propio Estado. El crecimiento de estas empresas, que muchas veces actúan al limite de la legalidad, no es una anécdota ya que genera conflictos, pone en riesgo a vecinos, a los ocupantes y a nosotros mismos", advirtió, a la vez que afirmó que son el síntoma de que la vía institucional es "lenta e ineficaz".

Asimismo, aseguró que el fenómeno de la okupación es creciente, con un aumento del 7,4% en 2024 y unas 45 okupaciones al día, entre las que no se incluyen las provocadas por los fenómenos de los 'inquiokupas'. Por todo ello, pidió mayor claridad jurídica, protocolos "claros" para los agentes, ser "más eficaces" en los casos de okupación, una respuesta penal "contundente" frente a las mafias, protocolos más claros y rápidos de coordinación con los servicios sociales, mayor regulación de las empresas de desokupación y más medios humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

CHOQUE CON EL SENADOR DEL PSOE

"El concepto ocupación con k no existe, no maltraten al castellano", aseguró el senador socialista Alfonso García, quien reprochó a la portavoz de Jupol el talante de su intervención. "Usted dice que hay una desconfianza en el sistema. Es intolerable que un funcionario del Estado haga ese tipo de aseveraciones. Es inadecuado, inapropiado y no se si susceptible de algún tipo de sanción", aseveró, a la vez que afirmó que las empresas de desokupación "son delincuentes".

Asimismo, reprochó a los portavoces que traten de categorizar estas actuaciones como "profesión de riesgo" y se preguntó si con ello tratan de mejorar su posición económica. "Lo que si está claro es que las usurpaciones y los allanamientos están recogidas en el Código Penal. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley", aseveró García, quien concluyó su intervención minimizando el problema de la okupación.

El senador de Sumar Juanjo Ferrer reconoció que la okupación "genera miedo" e indicó que muchas de las familias que se han quedado en la calle "han tenido que okupar su propia vivienda".

Asimismo, el senador del PNV Egoitz López afirmó que el Estado tiene que poner los medios materiales para dar respuesta "inmediata" y atajar las mafias de la okupación pero aseguró que un endurecimiento de las penas no servirá para paliar este problema.

Por último, la senadora del Partido Popular Paloma Martín aseguró que el "drama" de la inquiokupación y la okupación se ha "cronificado", llegando a 78.800 casos. "Los casos, además, no se denuncian porque la gente ya no confía en que la justicia se resuelva su problema", lamentó , quien afirmó que es un "imperativo moral", diferenciar entre "personas en riesgo de pobreza" y "okupas e inquiokupas". "No se puede hacer recaer sobre los propietarios el problema de los colectivos vulnerables", afirmó. "Son las políticas que ha aplicado el Gobierno las que han provocado esta situación y las que han agravado el problema", sentenció.