Así lo manifestaron este viernes las tres organizaciones en un comunicado conjunto, en el que se hace alusión a que la reunión tuvo lugar el pasado 22 de abril con Borja Suárez.

En ese encuentro, Suárez les trasladó que, hasta la fecha, se presentaron 302 solicitudes de indemnización en el Fondo de compensación de las víctimas del amianto y que tan solo se han aprobado 61 de ellas. A juicio de Borja Suárez, el Fondo se está poniendo en marcha de forma progresiva y de una manera razonablemente buena”, según Fedavica, CCOO y UGT.

Además, les dijo que todavía hay dos Comunidades Autónomas, La Rioja y Baleares, que no han constituido la Comisión de Valoración establecida en el real decreto que debe emitir un informe preceptivo sobre el nexo causal entre las enfermedades y su origen en exposiciones al amianto.

Desde Fedavica, UGT y CCOO le expresaron su “discrepancia” con esa valoración y la “frustración” generada entre las víctimas del amianto, fundamentalmente en torno a tres cuestiones. La primera de ella es que las “cuantías aprobadas para las indemnizaciones están muy alejadas de las que se vienen obteniendo por sentencia judicial”.

La segunda causa es el “escasísimo” número de solicitudes aprobada y la tercerla , la falta de exención de tributación del IRPF, como ya sucede de manera “absolutamente justificada” con otros colectivos (víctimas del amianto, del VIH, de la talidomida o del accidente ferroviario de Adamuz).

Además, avisaron de que las Haciendas Forales de Euskadi y Navarra sí han aprobado dicha excepción, por lo que se producirá una “discriminación” entre las víctimas del amianto de estas dos comunidades y las del resto.

Para esta última cuestión es necesario modificar la Ley que regula el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo que exige de tramitación parlamentaria, pero las dos primeras, según los sindicatos y Fedavica, el Ministerio de Seguridad Social puede hacerlo sin pasar por el Parlamento siquiera.

“Fedavica, CCOO y UGT consideramos imprescindible solucionar estas tres graves deficiencias para que el Fondo de las víctimas del amianto cumpla con el objetivo principal recogido en la Ley que lo regula, que no es otro que evitar los largos e impredecibles procesos judiciales a los que las víctimas se ven obligadas a recurrir para ver compensado los daños contra la salud y la propia vida que han sufrido”, concluyeron.