José A. Rodríguez declaró como testigo ante el titular del Juzgado Central de Insrucción número 1 de la Audiencia Nacional, encargado de esclarecer las circunstancias en que se produjo la venta de Sintel por parte de Telefónica a la familia cubana Mas Canosa.

Tras referirse a la influencia que tuvo en la Tesorería de Sintel dicho acuerdo, este auditor señaló que, a su juicio, la citada sociedad podía haber estado mejor gestionada.

Asimismo, aseguró ante el magistrado que durante su trabajo como auditor de las cuentas de dicha sociedad nunca vió nada que le hiciera pensar que ban a descapitalizar Sintel.

De esta forma, José A. Rodríguez concluyó la declaración que comenzó el pasado lunes, cuando afirmó que los responsables de Sintel no le mostraron el citado acuerdo de reconocimiento de deuda hasta dos años después de que se hubiera firmado.

EL ACUERDO

El acuerdo fue firmado el 30 de diciembre de 1998 y, en virtud del mismo, Mastec International Inc (propiedad de la familia cubana Mas Canosa) reconoce adeudar a Telefónica S.A. un total de 3.551.929.825 pesetas como antidad pendiente de pago por la compra de Sintel, más los intereses correspondientes hasta esa fecha.

En este mismo acuerdo, "conscientes del grave perjuicio que generan a Sintel", según consta en la investigación, convienen que éste se constituya en fiador solidario de Mastec International Inc ante Telefónica por el pago de esa deuda pendiente.

Además, se determinó que, en caso de incumplimiento del pago, Sintel autorizara a Telefónica a compensar las cantidades pendientes con aquellas otras qu la segunda tuviera que pagar a la primera como consecuencia de trabajos contratados.

Hay que recordar que, en el contrato de venta (1996), Telefónica entregó Sintel a Mastec International, pero se comprometía a contratar con la sociedad vendida un volumen de operaciones por importe de 75.000 millones de pesetas hasta el 1 de enero de 1999.

Según consta en la querella de los trabajadores, los integrantes del Consejo de Administración de Telefónica "forzaron a Sintel a prestar un aval" para pagar na deuda que no era de esta empresa, sino de la familia Mas Canosa, propietaria de Mastec Internacional, la compañía a la que Telefónica vendió su filial y que nunca pagó la adquisición.

MAS TESTIGOS

El juez Ruiz Polanco también tomó hoy declaración, en calidad de testigos, a Juan Carlos Casarrubios, ex director comercial de Sintel; Julio Bayona, ex director de Producción; José María García, en su momento representante de Retevisión; Noel Navarro y José María García Mon Benayas.

Prácticamente tdos ellos coincidieron en señalar que el entonces consejero Juan Antonio Casanova era el responsable de gestionar y controlar Sintel en España.

Casanova aseguró en su día al magistrado Ruiz Polanco que él ejecutaba lo que le pedían Jorge y Juan Carlos Mas Santos, herederos del empresario anticastrista Jorge Mas Canosa, a quien Telefónica vendió Sintel por más de 4.000 millones de pesetas.

El que más detalles aportó hoy fue Juan Carlos Casarrubios, ex director comercial de Sintel, quien señaló al agistrado que Casanova le dijo una vez que había comprado, con unas terceras personas, acciones de la citada sociedad, pero que nunca supo el objetivo de tal adquisición, que se efectuó en el año 2000.

Asimismo, Juan Carlos Casarrubios aseguró que, pese a que los salarios de los trabajadores eran muy elevados, en comparación con los que tenían los de la competencia, Sintel era un buen negocio.

El resto de los testigos coincidieron en afirmar que los salarios eran muy altos y que pudo ser una de ls razones de la quiebra de Sintel.

En este sentido, añadieron, según fuentes jurídicas, que mientras Sintel podía subcontratar a otra sociedad para realizar los encargos, las cuentas iban bien, pero cuando los propios trabajadores debían realizar dichos servicios, el resultado era "carísimo".

El próximo lunes, 31 de marzo, el juez continuará tomando declaración a varios testigos, con el fin de esclarecer este caso. Se trata de José María Casas, ex secretario del Consejo de Administración; José Lus Uceda, ex presidente de Sintel; José Casamayor y Pedro López Valdeolivas, ex administradores solidarios que en su día presentaron la solicitud de suspensión de pagos de la citada sociedad.

EL ORIGEN

La investigación que instruye Ruiz Polanco está relacionada con la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra la familia del empresario cubano anticastrista Jorge Mas Canosa por un presunto delito de insolvencia punible.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción nació de la denuncia qe los propios trabajadores de Sintel presentaron ante el departamento de Carlos Jiménez Villarejo pocos días después de instalar, el 29 de enero del año 2001, un campamento en el Paseo de la Castellana para protestar por su situación laboral, que mantuvieron durante más de medio año.

La investigación que instruye el juez Guillermo Ruiz Polanco gira en torno a la quiebra de la empresa, que en 1996 fue vendida por Telefónica al empresario cubano Jorge Mas Canosa, cuyos herederos la revendieron a Carlos il, en una operación en la que intervinieron sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.