Así lo explicó durante un encuentro organizado por la Fundación Cermi Mujeres (FCM) y celebrado en la sede del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), después de lamentar que las participantes no pudieran ser recibidas en el Ministerio de Juventud e Infancia por las barreras de accesibilidad existentes en el edificio.

La ministra respondió así a una de las principales reivindicaciones planteadas por las participantes en la II Escuela de Niñas y Escuela de Madres, quienes presentaron la declaración ‘Mi voz tiene poder’, un documento en el que reclamaron que las niñas y adolescentes con discapacidad puedan vivir libres de violencia, con los apoyos necesarios y participando en todas las decisiones que afectan a sus vidas.

Rego reconoció que la situación vivida evidencia que todavía existen obstáculos estructurales que deben eliminarse y aseguró que el Gobierno ya trabaja para corregirlos. “Nos hemos puesto a trabajar con ello porque yo quiero que todos los niños, todas las niñas, independientemente de la situación de discapacidad o de la diversidad, puedan disfrutar del ministerio”, afirmó. Asimismo, explicó que ya se han realizado algunas actuaciones para adaptar determinados espacios y añadió que el objetivo es “intentar cambiar un poco la infraestructura del Ministerio y que sea absolutamente accesible para todos y para todas”.

LAS NIÑAS RECLAMAN SER ESCUCHADAS

El encuentro sirvió para trasladar a la ministra la declaración elaborada por las 21 niñas y adolescentes participantes en la Escuela, en la que reivindican que sus opiniones sean tenidas en cuenta en las políticas públicas de infancia, juventud, igualdad y discapacidad.

En el documento celebran avances como el aumento de la participación de la infancia con discapacidad en órganos consultivos, la reciente aprobación en el Congreso de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, el proceso de reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) y el vigésimo aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sin embargo, denuncian que todavía siguen sufriendo discriminación, aislamiento, acoso escolar, discursos de odio en redes sociales y numerosas barreras para acceder en igualdad de condiciones al ocio, la cultura, el deporte y otros espacios de participación. También alertan de que todavía existen niños y niñas con discapacidad que viven institucionalizados y reclaman que se garantice “su derecho a crecer en familia con los apoyos necesarios”.

A partir de ese diagnóstico, formularon doce demandas concretas, entre ellas el derecho a vivir libres de violencia, disponer de apoyos psicológicos frente a la soledad y el acoso, acceder a una educación plenamente inclusiva, contar con apoyos personalizados en todos los ámbitos de la vida, ser protegidas frente a los discursos de odio y frente a los riesgos derivados de la inteligencia artificial, disponer de datos oficiales sobre su realidad y participar en todas las decisiones que les afecten.

Tras escuchar la lectura de la declaración, Rego aseguró compartir “las alegrías y también los desafíos que quedan por delante” y afirmó que asumía las propuestas trasladadas por las niñas. “Tomo nota de los deberes que me mandáis y prometo dar trámite y tratar de resolver las cosas que están por resolver todavía”, señaló.

Durante su intervención defendió que una sociedad democrática se mide por su capacidad para cuidar a todas las personas y reiteró que “no se trata de que las personas con discapacidad se tengan que adaptar al sistema, sino que es el sistema el que se tiene que hacer cargo de la diversidad y adaptarse a las personas”.

Asimismo, valoró la reciente aprobación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, al considerar que sitúan “en el centro las necesidades de las personas con discapacidad” y permitirán reforzar la autonomía personal, mejorar los cuidados y hacer efectivos los derechos mediante una mayor dotación de recursos.

También destacó la futura reforma de la ley de protección integral a la infancia frente a la violencia y la próxima aprobación de la ley de entornos digitales seguros, que, según explicó, incorporará medidas específicas para combatir las violencias digitales que afectan de forma particular a niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

La declaración presentada este viernes culmina el trabajo desarrollado durante la segunda edición de la Escuela de Niñas y Escuela de Madres de Fundación Cermi Mujeres, una iniciativa que durante dos jornadas reunió a 21 niñas y adolescentes con discapacidad y a sus madres para fortalecer su participación, favorecer el apoyo mutuo y promover el conocimiento y ejercicio de sus derechos.

Durante la primera jornada las participantes trabajaron cuestiones relacionadas con la soledad no deseada, el acoso escolar, la discriminación y la violencia, además de elaborar de forma colectiva la declaración presentada ante la ministra. Paralelamente, las madres participaron en talleres de apoyo emocional, autocuidado y salud mental, así como en espacios formativos sobre sistemas de comunicación accesibles, entre ellos la lengua de signos, el braille, los pictogramas y el lenguaje sencillo.

La clausura de la Escuela incluyó además una visita institucional al Congreso de los Diputados, con el objetivo de “acercar a las participantes a los espacios donde se debaten las políticas públicas” que afectan directamente a sus derechos. La iniciativa ha sido financiada íntegramente mediante una subvención nominativa del Instituto de las Mujeres concedida a la Fundación Cermi Mujeres.