Así se puso de manifesto en el Pleno del Congreso, en el debate del dictamen sobre la proposición de ley para modificar el Código Penal y castigar con cárcel las terapias de conversión contra personas Lgtbi+. Mientras el bloque de investidura pidió ampliar la protección más allá del ámbito penal, el PP denunció el “sectarismo” de la iniciativa, que considera “necesaria” pero cree que está mal planteada, en un debate marcado por el choque sobre el alcance de la norma y su enfoque.

La propuesta recoge, entre otras medidas, la introducción de una pena de prisión de 6 meses a 2 años para quien practique sobre una persona actos o procesos de aversión o conversión del tipo que sean destinados a modificar o negar su orientación e identidad sexual o de género.

En el debate, el diputado y vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, denunció el “sectarismo” del PSOE en esta propuesta de ley contra las terapias de conversión. Sostuvo que es “tan necesaria como corrompida por el sectarismo de algunos” coincidiendo con la celebración del Orgullo Lgtbi+. “Como si el resto de los días del año no les preocuparan los problemas del colectivo”, añadió,

Así pues, De los Santos considera que el PSOE “instrumentaliza una lucha que nos interpela a todos” y que “utiliza hasta la náusea” al colectivo. El diputado popular defendió que estas terapias son “inaceptables y un delito contra la dignidad de los seres humanos”. Sin embargo, cree que esta realidad “no se aborda con sanciones administrativas”, sino que requiere de “todo el peso de la ley, la implicación de jueces que dictaminen qué es y qué no es una terapia de conversión”. Además, reivindicó el compromiso del PP con la igualdad y la diversidad.

Previamente a este debate, el Partido Popular ya logró incorporar al dictamen de esta norma una enmienda en el seno de la Comisión de Igualdad. Dicha enmienda recoge la prohibición de ayudas o fondos públicos a asociaciones que inciten actos de Lgtbifobia. El resto de las enmiendas presentadas por los populares fueron rechazadas por el Congreso este jueves.

La posición más crítica fue la de la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz. Rechazó la reforma al creer que “imponer una forma de pensar a golpe de Código Penal no es la solución” y dijo que no busca proteger al colectivo Lgtbi+, sino “encarcelar a quienes no piensan igual”. Dijo que no hay sentencias sobre estas prácticas y cuestionó la necesidad de endurecer la respuesta penal: “es una barbaridad”. Además, avisó de que la ley puede “enfrentar familias”, “criminalizar a profesionales” y suponer un “ataque a la libertad individual”.

APOYOS, CON MATICES

La diputada de Compromís Agueda Micó valoró positivamente la propuesta ley, aunque lamentó que no haya sido más ambiciosa. Señaló que es “difícil explicarse” la ausencia de medidas como planes de garantía habitacional para las víctimas y defendió que quienes practicaron estas terapias “paguen todo el sufrimiento” causado. Asimismo, incidió en la gravedad de esta “violencia” que exige no solo sanción, sino también reparación y mayor protección institucional.

En esta línea, la diputada de Podemos Noemi Santana criticó al PSOE por no respaldar sus enmiendas sobre ofrecer mayor protección y reparación a las víctimas de estas terapias y cuestionó el argumento del consentimiento introducido por el PP en este debate al afirmar que “la terapia de conversión es violencia y la violencia no deja de serlo” con un consentimiento. Aunque votará a favor, insistió en que las víctimas también necesitan “apoyo, justicia y reparación” y no solo una ley, sino políticas transformadoras que “incidan en su vida”.

Por su parte, la diputada de Bildu Isabel Pozueta incidió en la necesidad de medidas más amplias de reparación, como garantías habitacionales y ayudas económicas, para que las víctimas puedan “reconstruir” su vida. Al igual que otros socios del Gobierno, rechazó el argumento del consentimiento, diciendo que aceptar esa premisa sería “abrir una puerta peligrosa”. Aunque dará su apoyo a la ley, dijo que debe ser “un punto de partida” para crear políticas efectivas de acompañamiento, prevención y reparación integral.

Igualmente, la diputada de ERC Teresa Jordá defendió la necesidad de una respuesta política que vaya más allá de la sanción, incorporando medidas de acompañamiento a las víctimas. Así, destacó la misma enmienda que Bildu y Compromís para garantizar apoyo habitacional, especialmente a las víctimas vulnerables tras pasar por estas situaciones. Sin embargo, las enmiendas presentadas por estos grupos fueron rechazas por el Pleno.

En su caso, la diputada de Sumar Teslem Andala ensalzó esta reforma como “necesaria” y como un instrumento “disuasorio” frente a los agresores que realizan estas prácticas, al tiempo que subrayó la importancia también de reforzar la reparación efectiva a las víctimas. Aseguró que Sumar “seguirá luchando con las víctimas”. Además, criticó al PP por reivindicarse como defensor del colectivo mientras ha votado en contra de leyes como la trans, la del aborto o la de la salud sexual y reproductiva.

La diputada de Junts Pilar Calvo anunció su apoyo a la norma al entender que permitirá “que el Código Penal haga justicia con el colectivo Lgtbi+”, pero pidió afinar su redacción para evitar ambigüedades y garantizar seguridad jurídica. Así, apostó por seguir mejorando la ley durante su tramitación para lograr un mayor consenso político y ofrecer “el mejor texto posible”, insistiendo en que el objetivo es proteger a las víctimas y asegurar que estas prácticas queden claramente definidas y erradicadas.

En este contexto, la diputada del PNV Maribel Vaquero celebró esta norma, pero cree que “para algunos no será suficiente”. Defendió que estas prácticas parten de una premisa “incompatible con la dignidad humana” y rechazó que el consentimiento pueda legitimar estas prácticas en contextos de presión o vulnerabilidad.

“MOMENTO HISTÓRICO”

Finalmente, el diputado del PSOE Víctor Gutiérrez defendió la reforma como “sencilla en su formulación, pero importante en su significado”. Además, cargó contra Vox por representar una visión del país “en blanco y negro” ya superada, afirmando que sus planteamientos “sí que son una patología” y “una vergüenza para el colectivo Lgtbi+”. En su caso, acusó al diputado popular de situarse “en el lado incorrecto de la historia” -refiriéndose a las alineaciones del PP y Vox-.

Al final del debate de los grupos parlamentarios, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se mostró confiada en la aprobación de esta ley para que siga su cauce parlamentario y cree que es momento “histórico”. Subrayó que las terapias de conversión “son tortura y violencia” y dijo que las personas “no somos errores” ni tienen que cambiar “su forma de vivir, pensar o querer”.

También enmarcó la reforma como “un paso más” en el desarrollo constitucional y en la consolidación de España como referente en derechos Lgtbi+ e insistió en que la norma “no es un punto de llegada”, sino parte de un camino para seguir ampliando derechos, y llamó a seguir “removiendo todos los obstáculos” hacia la igualdad real, con la mirada puesta en dejar a las futuras generaciones “más derechos, dignidad y libertad”.