Según el auto, al que tuvo acceso Servimedia, los hchos descritos en la querella presentada por Murillo en representación de dos abonados de Canal+ guardan semejanza con los relatados en la denuncia y la querella presentadas anteriormente contra la empresa Sogecable, y que motivaron la apertura de diligencias contra la sociedad.

"Esta correcta formalidad e identidad en los hechos investigados es lo que determina que la querella debe admitirse a trámite", que queda dispensada de fianza ya que, según el juez, la existencia de un proceso penal en marcha ace innecesaria la exigencia de una fianza.

Murillo acusa en su escrito al Consejo de Admnistración de Sogecable y al socio de la auditora Arthur Andersen, José Antonio Rodríguez Gil, de presuntos delitos de falsedad en documento público y apropiación indebida, por el uso dado a los 23.000 millones de pesetas de los depósitos de los abonados.

"Lo concluyente es que los 23.000 millones de pesetas propiedad de mis representados y restantes depositantes no existen, por haber dispuesto de los mismos l depositario en beneficio propio", señala el letrado.

En cuanto a las medidas cautelares expresadas por los querellantes, el magistrado de la Audiencia Nacional señala en el auto que se resolverán "en su momento".

Según la exposición de Murillo, estos presuntos delitos hacen aconsejable "decretar la prisión provisional al menos del presidente de la Sociedad de Televisión Canal+, Jesús de Polanco, y de su consejero delegado, Juan Luis Cebrián".

Asimismo, el letrado solicita al juez que fije na fianza de 35.000 millones de pesetas a la que deberían hacer frente Sogecable y Arthur Andersen en concepto de posibles daños y perjuicios a los depositarios.

Por su parte, fuentes de Sogecable indicaron hoy a Servimedia que la sociedad prefiere no hacer comentarios sobre la decisión adoptada hoy por el magistrado de la Audiencia Nacional.