Así queda reflejado en la Memoria 2025 presentada esta mañana durante el acto oficial de Apertura del año judicial, que presidió el rey Felipe VI acompañado del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En el documento, recogido por Servimedia, la Fiscalía destaca que estas expulsiones sustitutivas están "en evolución claramente ascendente".

"En 2023 se registraron 4.144 solicitudes y en 2024 esta cifra se elevó a 4.656, en 2025 se alcanzaron 5.551 peticiones. Ello supone un incremento del 19,2% respecto al año anterior y del 34% en relación con 2023, consolidando una tendencia al alza continua en el empleo de esta medida, especialmente en procedimientos por delitos contra la propiedad, contra la seguridad vial o relacionados con el mantenimiento del orden público".

En concreto, la Memoria de la Fiscalía pone de manifiesto que el año pasado los fiscales formularon 481 solicitudes de expulsión sustitutiva en trámite de sentencia y otras 700 en fase de ejecución.

UN FENÓMENO EMERGENTE

El informe revela también "un fenómeno emergente durante 2025". "Se trata del incremento de peticiones voluntarias de expulsión por parte del penado en fase de ejecución, especialmente en Madrid, Navarra y Cataluña, incluso cuando la sentencia no lo previó originalmente".

"Esta situación ha supuesto que se eleve desde la Fiscalía de Madrid una consulta para determinar si se puede proceder a ejecutar una expulsión solicitada por primera vez por el propio penado", en la última fase de cumplimiento de la pena de prisión impuesta en sentencia, "siendo actualmente esta cuestión objeto de estudio", recoge.

Este recurso, sin embargo, es "absolutamente excepcional" cuando se trata de ciudadanos comunitarios. "Tanto es así que, en las memorias provinciales elaboradas para este año 2025, se manifiesta que no se solicitó la expulsión sustitutiva de ningún ciudadano comunitario durante el año 2025, al entender que no concurrieron los requisitos de amenaza grave al orden público exigidos por el marco europeo".

Por otra parte, durante el año pasado, los fiscales delegados de Trata de Personas y Extranjería (FDTPE), emitieron un total de 1.287 informes relativos a expulsiones de ciudadanos extranjeros incursos en procedimientos penales, "cifra que supone un incremento del 15,20% respecto a los 1.117 informes emitidos en 2024, consolidando así la tendencia ascendente ya iniciada en 2023". En cuanto a su distribución territorial, en 2025 los mayores volúmenes de actividad se concentran en las provincias de Madrid (219), Gipuzkoa (100), Málaga (123) y Asturias (136).