La organización pretende responder a unas declaraciones de Jiménez realizadas el pasado 30 de julio en México, en relación a la consulta ciudadana realizada en ese país sobre la reforma energética.

En esa visita, la secretaria de Estado advirtió que "si hay una inversión de dos mil millones de euros, hay que respetar esos derechos" y remachó que "siempre defenderemos los derechos económicos de las empresas españolas".

Para la plataforma, estas palabras son un ejemplo claro de "política neoliberal y neocolonial" del Gobierno y de su falta de respeto a las "decisiones que hayan tomado en estas comunidades al respecto" de las inversiones empresariales.

"¿Cree", continúa la misiva, "que los dos mil millones valen más que las consultas populares que se realizan para determinar si es posible, si quieren o no, que una empresa explote sus recursos naturales y humanos?".

En esa línea la organización se pregunta porqué Jiménez "considera indiscutibles los derechos económicos, y los defiende por encima de los derechos humanos o los derechos colectivos de los pueblos".

Asimismo recuerda a la responsable de la política del Gobierno en Iberoamética que España "firmó y ratificó en 2006 el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por la que, a grandes rasgos, los pueblos indígenas y tribales son dueños de las tierras en que viven y que usan, acuerdo que no sólo les garantiza los derechos de forma individual, sino también los derechos colectivos como pueblos?".

"¿Acaso no saben o no quieren saber, cuántas y de qué maneras, las empresas españolas violan sistemáticamente el convenio y de paso los derechos humanos?. Tal vez se crean esos imaginativos y falsos anuncios, donde las empresas más devastadoras son el concepto mismo de ecología y de bondad mundial", asegura la carta.

Esta organización solidaria indica que la realidad de la condición indígena es, "hoy por hoy, la base de la explotación mundial, (...) de los recursos naturales y humanos sin control, en complicidad con los gobiernos locales, caminando por un lento y silencioso genocidio, del que, no se engañen, son cómplices gobiernos, medios de comunicación y empresas" en buena medida "esa sociedad civil que no quiere ver, ni escuchar, ni hablar".

Finalmente, la Plataforma denuncia la vinculación de las empresas a "las políticas nacionales de privatización de los recursos", que se sirven de "la violación de los acuerdos sobre derechos comunitarios, la criminalización de los movimientos sociales y la represión de cualquier organización que intente frenar la codicia neoliberal".