Las 12 comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP, junto con los gobiernos socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha, expresaron su rechazo al modelo del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la bronca reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró este miércoles en el complejo ministerial de Cuzco (Madrid).

La cumbre se saldó sin sorpresas. Todos los gobiernos autonómicos, menos el de Cataluña, habían planteado su oposición antes de asistir a un encuentro del que salieron con las mismas dudas, ya que ni siquiera recibieron ningún papel nuevo por parte del Ministerio.

El encuentro fue torpedeado, además, por un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que se publicó paralelamente con unas primeras estimaciones que Montero no confirmó al ser interpelada por las comunidades. “No nos ha dado ni una métrica”, lamentó el consejero gallego, Miguel Corgos, ante la prensa.

La mayoría de consejeros expresaron su malestar y decepción con los resultados de la cumbre, como verbalizaron después ante las cámaras de televisión. “Se nos ha presentado una corrupción de Estado”, llegó a aseverar la titular de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que teatralizó su sorpresa por el hecho de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, no presidiera el CPFF tras pactar el modelo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Resulta que el Gobierno de la nación nos quiere repercutir a las comunidades el chantaje de los independentistas”, dijo Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero castellanomanchego del socialista Emiliano García-Page.

A puerta cerrada, el aragonés Roberto Bermúdez de Castro llegó a trasladar a Montero que se interesa “más por las ruedas de prensa del señor Junqueras que por las suyas” e ironizó con que su propuesta “es tan buena” que “prácticamente todo el conjunto de grupos de la izquierda no está de acuerdo”. Montero replicó a la mayoría de consejeros del PP reprochándoles su “argumentario” y culpando al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de la falta de consenso.

Las fuentes presentes aseguraron que Asturias también expresó su oposición a la ordinalidad, aunque desde Cataluña consideran que el Gobierno de Adrián Barbón sí dio su aval a la propuesta con sus palabras. Montero también deslizó que su rechazo no fue frontal, sino que estaba abierto a negociar. El consejero Guillermo Peláez Álvarez no compareció ante la prensa.

La representante de la Generalitat de Cataluña, Alicia Romero, además, avisó a sus compañeros de que tienen una “oportunidad” para “replantear” el modelo de financiación con “un sistema más justo, más equitativo y más igualitario”, y llamó al PP a “incorporar” sus reivindicaciones en las reuniones bilaterales a nivel técnico que Montero ha anunciado.

La ministra también pidió a los barones del PP que consensuen una contrapropuesta en la reunión que celebrarán este domingo en Zaragoza, donde han sido convocados por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, las fuentes consultadas avanzaron que del cónclave no saldrán “cifras” y que se limitarán a profundizar en los principios pactados el 7 de septiembre de 2024 en Madrid. Entre ellos, la multilateralidad y, como novedad, la “infrafinanciación cero”.

Las comunidades del PP y Castilla-La Mancha rechazan de partida sentarse con la ministra de Hacienda si no les da información adicional sobre su propuesta, y creen que lo que pretende es una foto para “bendecir” un sistema que “ya está cocinado” con Cataluña, en opinión del murciano Luis Alberto Marín.

Los consejeros del PP interpretan que no hay margen para la negociación y deducen de las palabras de Montero que no se moverá “ni una coma” de lo pactado con ERC. No obstante, hay algunas comunidades que son más flexibles. Por ejemplo, el Gobierno de Baleares llegó a la capital “con ganas de negociar”. La Comunidad Valenciana, por su parte, insiste en reclamar, sin éxito, un fondo transitorio de nivelación.

Todos coinciden en que es “muy improbable” que la propuesta salga adelante en el Congreso, por lo que rehúsan, en primer lugar, hablar de si se acogerán o no a la voluntariedad del sistema y, por otro lado, a anunciar acciones judiciales, aunque Madrid anunció que llegará hasta “las últimas consecuencias”.

Castilla-La Mancha sí confirmó que baraja llevarlo a los tribunales. La dirección nacional del PP reta ahora a los diputados de Page a que alcen la voz en la Cámara Baja y lo tumben si Montero materializa su órdago. “No bastan las palabras, se necesitan hechos”, señalaron fuentes populares.

Montero tendrá que volver a llevar la propuesta al CPFF para su votación, y los consejeros del PP no descartan reeditar el plante que protagonizaron cuando Montero llevó la quita de la deuda.