Según informó este lunes la organización a través de una comunicado, esta es una de las principales conclusiones del análisis sobre situación normativa incorporado al Observatorio de la Desinstitucionalización de la Plataforma de Infancia, que analiza la evolución de las Leyes de protección a la infancia y la adolescencia en España y el desarrollo de las normativas autonómicas en las últimas tres décadas.

Los datos recopilados por la Plataforma de Infancia mostraron “una situación desigual” entre territorios. Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco completaron la adaptación de su normativa, mientras que otros territorios continúan en proceso o todavía no culminaron esta actualización legislativa.

“No basta con aprobar buenas leyes a nivel estatal. Es necesario que los cambios lleguen a todos los territorios para que los derechos de las niñas, niños y adolescentes estén garantizados en cualquier lugar de España. Once años después de la reforma, las diferencias entre comunidades autónomas siguen siendo demasiado grandes”, señaló la responsable de desinstitucionalización de la Plataforma de Infancia, Sara Toledano.

El análisis del Observatorio también examina el grado de cumplimiento de la normativa sobre acogimiento residencial y los avances en políticas públicas vinculadas a la desinstitucionalización, como la prevención de la entrada en el sistema de protección, el impulso del acogimiento familiar, el apoyo a las familias de origen o la transición a la vida adulta, explicó la organización infantil.

DATOS Y TRANSPARENCIA

Además del análisis sobre la situación normativa, la Plataforma de Infancia actualizó el Observatorio de la Desinstitucionalización con nuevos contenidos sobre transparencia y la calidad del sistema de datos. Los análisis pusieron de relieve las dificultades para acceder a información pública homogénea sobre el sistema de protección y las importantes lagunas que persisten en la recogida de datos, como la falta de información sobre los grandes centros residenciales, la duración de las estancias, las causas de salida del sistema o las rupturas de adopción. También mostró las diferencias entre territorios a la hora de facilitar información pública, como refleja la incorporación de nuevos datos de Castilla y León tras una resolución favorable del Consejo de Transparencia.

La Plataforma de Infancia recordó que “tanto el desarrollo normativo como un sistema de datos robusto y transparente son herramientas clave para avanzar hacia un sistema de protección más familiar, comunitario y centrado en los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Además, señaló que “la falta de evidencias y de adaptación legislativa puede traducirse en respuestas desiguales y en dificultades para garantizar los mismos derechos a toda la infancia y la adolescencia”.