La orden del fiscal establece que se expulsará no sólo a los extranjeros que hayan cometido un delito "menos grave". También afectará a aquéllos a los que se les impute delitos y, por tanto, que todavía no están juzgados, pr lo que Sos Racismo considera "una aberración de los derechos constitucionales".

La norma se aplicará a personas que hayan cometido delitos menores, una "medida absolutamente indiscriminada", a juicio de Sos Racismo, "ya que por el mero hecho de ser extranjero le van a poner en la frontera y expulsar del país".

"Es una medida atentatoria contra cualquier posibilidad de integración de gente que puede tener familia y que hayan cometido un delito bastante pequeño", añadió.

"Nos sorprende que s vuelva a la carga contra los extranjeros", explicaron; "aquí lo que hay es una tendencia de tendencias racistas y xenófobas, que son las tendrían que preocupar a la Fiscalía y, por el contrario, lo único que se le ocurre es coger a los más indefensos y ponerlos en la frontera".

La organización anunció que estudiará, junto con otras asociaciones de defensa de los inmigrantes, todas las medidas legales que pueda tener a su alcance para "parar las expulsiones".

Sos Racismo señaló que "la política dl Gobierno no se ha distinguido por una clara integración de los inmigrantes, sino más bien los ha considerado un problema que hay que eliminar y de la forma más expeditiva posible".