Este proyecto, que se debate estos días en el Congreso de los Diputados, no parece solucionar las formas de pago del sector, "sino que viene a legalizar la imposición de unos plazosque han sido señalados por la UE".

Según ambas asociaciones, de mantenerse la redacción del texto, se consolidaría la situación de privilegio tanto de las entidades financieras, que obtienen unos ingresos detraídos de estas empresas, valorados en unos 75.000 millones de pesetas al año, y los grandes grupos constructores, que se dotan de la tesorera necesaria para hacer frente a sus inversiones inmobiliarias y en sectores ajenos a la construcción.

Como muestra de su rechazo a este proyecto ambas aociaciones han convocado conjuntamente una jornada de protesta en Madrid y çBarcelona para el próximo 25 de mayo.