En lo concerniente a la actividad desplegada durante el año 2022 por la Fiscalía, se registra un incremento en el número de procedimientos penales y un descenso en la incoación de diligencias de investigación.

La Fiscalía intervino en 841 procedimientos judiciales frente a los 801 del año 2021 o los 761 de 2020. En cuanto a las investigaciones penales, se han iniciado 29 frente a las 40 en 2021 o las 19 de 2020. A tal cifra hay que añadir las 38 diligencias de investigación que se encontraban en trámite a 31 de diciembre de 2021, lo que implica que durante el 2022 se estuvieron tramitando un total de 67 diligencias de investigación.

Conforme a la Circular 2/2022 de 20 de diciembre, sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal, se incoó una diligencia de investigación auxiliar, de novedosa regulación en dicha Circular.

De entre la totalidad de escritos registrados en la Fiscalía Anticorrupción, 1.495 correspondieron a denuncias, un notable incremento frente a las 1.291 del año 2021 y las 1.069 del año 2020. La Memoria resalta que la mayoría ponían en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que no constituían delito, no se sustentaban en mínimos indicios de actividad criminal, o se referían a eventuales infracciones penales ajenas a la competencia de esta Fiscalía Especial. Por ello, muchas de ellas fueron archivadas o remitidas a la Fiscalía competente.

Durante el año 2022, la Fiscalía Especial formuló 59 escritos de acusación, 20 más que en 2021. El año pasado se dictaron 27 sentencias en instancia en causas en las que ha intervenido la Fiscalía Especial, frente a las 22 dictadas en 2021 o las 16 en 2020. De ellas, 20 fueron condenatorias y siete absolutorias.

Los tipos penales por los que se formuló más frecuentemente una acusación fueron los delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y contrabando (126), los de malversación (19), los de prevaricación administrativa (25), los de blanqueo de capitales (13), cohecho (12) y societarios. A ellos hay que añadir una serie de delitos conexos, que son en síntesis los de falsedad documental (los más numerosos), coacciones, amenazas, robo con fuerza, o contra la salud pública.

INVESTIGACIÓN

Pues bien, analizando numéricamente la actividad en este ámbito, resulta que durante el año 2022 se incoaron 29 diligencias de investigación frente a las 40 del año 2021. A esa cifra hay que añadir las 38 diligencias de investigación que se encontraban en trámite a 31 de diciembre de 2021, lo que implica que durante el 2022 se estuvieron tramitando un total de 67 diligencias de investigación.

Además, a lo largo de 2022 se concluyeron 41 diligencias de investigación; una correspondiente a 2017; una correspondiente a 2018; dos correspondientes a 2019; cinco correspondientes a 2020; 19 correspondientes a 2021 y 13 correspondientes a 2022. En consecuencia a final de año quedaban pendientes de tramitación 26 diligencias de investigación, de las que 10 son anteriores a 31 de diciembre de 2021 y 16 son del año 2022.

Es de resaltar que, de las 41 diligencias de investigación concluidas, en 13 ocasiones el Ministerio Fiscal formuló la correspondiente querella o denuncia, que dio lugar a procedimientos judiciales en los que esta Fiscalía Especial ha mantenido su competencia y en una ocasión se incorporaron a una causa judicial ya incoada y también competencia de esta Fiscalía. La Fiscalía Europea ha ejercido el derecho de avocación, respecto de dos diligencias de Investigación competencia de esta Fiscalía.

La Memoria de la Fiscalía se hace eco de la última evaluación de su actuación por la OCDE y recuerda que siguen pendientes de implementarse siete recomendaciones. Recuerda que los tribunales españoles solo dictaron en 2022 una sentencia condenatoria por cohecho interncional –se ha dictado la segunda en febrero de 2023–, algo que desde la perspectiva de la OCDE no se compadece bien con las dimensiones de la economía española, ni con la extensión y conformación de su tejido empresarial.

La OCDE muestra, además, su preocupación por los archivos de los casos que son debidos al resultado fallido del auxilio judicial internacional y destaca el inconveniente de que en el ordenamiento español la investigación del Ministerio Fiscal no interrumpa la prescripción del delito.

Especial preocupación muestra el informe por el breve plazo de prescripción de los delitos cometidos por las personas jurídicas, que sitúa en cinco años, y urge a España a elevarlo sin dilación.

COMISIONES ROGATORIAS

La Memoria recoge también el número de comisiones rogatorias que se ha mantenido en cifras similares a las del año anterior. Durante el año 2022, se tramitaron 20 comisiones rogatorias pasivas, procedentes de Perú (dos y una inhibición), Argelia (seis y una inhibición), Andorra (dos), Liechtenstein (una), Panamá (una), Argentina (dos), Kenia (una), Venezuela (una), Costa Rica (una) y Rusia (una).

En cuanto a las peticiones cursadas por Anticorrupción a otros países, tuvieron que ver con delitos fiscales, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución. Se han dirigido dos Órdenes Europeas de Investigación (OEI) a Luxemburgo y varias comisiones rogatorias, al Reino Unido, a Jersey y a Suiza, cuyo objeto ha sido principalmente la obtención de información bancaria.

En otras diligencias de investigación, seguidas por delito de cohecho internacional, se remitió una comisión rogatoria a la República de Sudáfrica, sin que hasta la fecha se haya recibido contestación. Otros países a los que se han remitido solicitudes de asistencia en el marco de procedimientos de la Fiscalía Especial han sido Australia y Egipto; tampoco en estos casos se ha recibido contestación hasta la fecha.

MÁS RECURSOS

A fecha de hoy, la plantilla de Anticorrupción está compuesta por un Fiscal Jefe perteneciente a la primera categoría, un Teniente Fiscal y 27 fiscales pertenecientes a la segunda categoría, que continúan en situación administrativa de servicios especiales, una fiscal que permanece en la OLAF y otra en la Fiscalía Europea.

Según García Ortiz, esta plantilla es “a todas luces, insuficiente” y evidencia una necesidad de incrementar el número de fiscales y de miembros de las Unidades de Apoyo. Éstas unidades son la de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y Unidades Adscritas Policiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que eleva a 136 el número de efectivos a disposición de Anticorrupción.

La Memoria aboga por la creación de nuevas Unidades de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción en diversas materias, entre ellas las contables y financieras, especialidades estas últimas que han ganado importancia cuantitativa y cualitativa en los últimos tiempos.