En su opinión, las conclusiones expuestas ayer por el presidente de este organismo en la subcomisión fueron "concluyentes", en el sentido de que el Ministerio de Industria sigue siendo "un coladero" en este terreno.

Santiso reiteró la necesidad de aprobar una Ley General de Subvenciones que establezca un marco legal fiable, evite la dicrecionalidad, y elimine los actuales agravios comparativos y discriminaciones.

En cuanto a la denuncia lanzada hoy por el Grupo Popular en relación a un supuesto contrato "anormal" del ministerio con una empresa consultora poco antes de las elecciones de 1996, Santiso advirtió al recomendó al Gobierno que si encuentra "indicios claros de delito lo que tiene que hacer es llevarlo al juez".

También contradijo las tesis populares al asegurar que, según los propios Servicios Jurídicos de la Cámara, a concesión del crédito de Ercros por parte del ICO puede considerarse una subvención y, por tanto, entrar en el análisis de la subcomisión.

Finalmente, insistió en que el Ministerio de Industria no ha enviado aún a los miembros de la subcomisión la documentación solicitada para poder trabajar.