Así lo indicó Santiago en rueda de prensa desde la Cámara Baja, donde defendió que esta reforma es “absolutamente necesaria” porque la ley que hay actualmente en vigor “no está actualizada a las necesidades ni de la Justicia ni de la sociedad española”, por lo que requiere de “una reformulación completa”.

Explicó que Sumar coincide en que la investigación penal sea una “responsabilidad del Ministerio Fiscal”, que debe ser “independiente”. Al respecto, destacó que “el juez que interviene en el procedimiento de instrucción debe ser un juez de garantías”, un sistema que se usa “en todos los países” de la UE y en “la inmensa mayoría de los países del continente americano”.

“No tener este modelo de instrucción a cargo del fiscal a España le ha causado muchos problemas de entendimiento en materia de cooperación judicial”, remarcó. Sin embargo, comentó que a Sumar le “preocupan” algunas “limitaciones y problemas” que tiene el proyecto de ley aprobado hoy en el Consejo de Ministros.

ACUSACIÓN POPULAR

El “más importante”, detalló, es “la limitación de la acusación popular”. Sumar, explicó, no está a favor de “ninguna limitación que impida esa capacidad del ejercicio de la acusación popular por parte de asociaciones, sindicatos y de la sociedad civil”. Además, afeó que los sindicatos estén “excluidos” pero las organizaciones empresariales “sí puedan ejercer la acusación popular”.

Reconoció que la existencia de la acusación popular supone que “se cometan abusos y fraudes de ley”, pero que estos no se produzcan “también es función de los tribunales”. A su juicio, en vez de “limitar el ejercicio de la acusación popular” se debería hacer “una regulación estricta que limite esos fraudes de ley”.

A su vez, Santiago manifestó que también le “preocupa” de esta reforma que “adolece de falta de mecanismos para prevenir e investigar casos de denuncias por malos tratos o torturas”, y subrayó que Sumar ve necesario “mejorar los mecanismos para que, en caso de detención, se pueda disfrutar de todas las garantías”.

“Nos parece que no se puede estigmatizar el derecho a no declarar contra uno mismo”, arguyó, algo que en este proyecto de ley está “mal resuelto”. Al mismo tiempo, destacó que hay cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el uso de las lenguas cooficiales que “podían haber sido mejoradas”.

“LÍNEA ROJA”

Pese a ello, garantizó que Sumar trabajará durante la tramitación parlamentaria para introducir “previsiones más garantistas”. Según Santiago, es “importante apoyar” este proyecto de ley cuando llegue al Congreso, pero “con la voluntad de mejorar” en los casos citados con anterioridad.

Sobre ello, expuso que otras fuerzas políticas “coinciden” con las propuestas que está haciendo Sumar, por lo que aseguró tener “bastante confianza” en que durante la tramitación parlamentaria pueda “mejorarse la ley”. “No contemplo la posibilidad de que se dificulte el ejercicio de la acusación popular hasta el extremo de que no se pueda apoyar la ley”, aseveró.

En este sentido, el portavoz de IU en el Congreso dejó claro que para Sumar es “una línea roja que no puedan ejercer la acusación popular los sindicatos pero sí las organizaciones empresariales”. En su opinión, “no se ha reflexionado lo suficiente sobre esta cuestión” porque “no tiene ninguna explicación lógica”.