Lo anunció este miércoles el portavoz de Interior y Justicia del grupo parlamentario, Enrique Santiago, quien justificó que, de esa forma, lo que el Supremo impugna por haber sido objeto de una mera instrucción del Ministerio de Presidencia, pasará a adquirir "rango de ley" y no podrá ser anulado más que por el Tribunal Constitucional.

El Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto de los descendientes de exiliados durante el franquismo que venía aparejado a su adquisición de la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática; un apartado que se viene denominando 'ley de nietos'.

Santiago explicó que se ha escogido la Ley de Educación por tratarse de la iniciativa legislativa en más avanzado estado de tramitación, pero que podría incorporar la misma enmienda a cualquier otra que fuera a aprobarse antes.