Si fuera aprobada el Congreso instaría al Gobierno a “llevar a cabo la modificación necesaria del artículo 34” del texto refundido en 2015 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores “así como de todas aquellas disposiciones pertinentes, para el establecimiento, durante el año 2024, de una jornada ordinaria de trabajo efectivo con una duración máxima de 37 horas y media semanales, sin que ello conlleve en su aplicación reducción alguna del salario de las personas trabajadoras.

Además, la Cámara Baja instaría al Ejecutivo a “abrir, simultáneamente, un proceso de diálogo social con el objetivo de continuar reduciendo la jornada ordinaria de trabajo efectivo máxima legal hasta alcanzar las 32 horas semanales de promedio en el cómputo anual”.

La iniciativa, registrada el martes, la presentó hoy en rueda de prensa en el Congreso la diputada gallega Verónica Martínez, inspectora de trabajo de profesión, quien reiteró el argumento habitual de Sumar de que los avances en productividad permiten dejar atrás la jornada de 8 horas que se instauró hace más de 100 años y que todavía contemplan el 88% de los convenios colectivos.

También insistió en la tesis de que además su reducción permitirá un reparto más igualitario de las tareas de cuidados entre hombres y mujeres, la mejora general de la salud de los trabajadores y la reducción de los riesgos laborales y el impacto de los desplazamientos en el medio ambiente. Todos estos argumentos están incluidos en la exposición de motivos de la proposición no de ley.

En la rueda de prensa, Martínez afirmó además que para Sumar la reducción de la jornada laboral es “una de las grandes prioridades de la legislatura”, y por eso justificó esta iniciativa no legislativa como “un llamamiento al resto de fuerzas para comenzar a debatir ya en el Congreso” sobre la misma, ”más allá de que es una medida que el Gobierno va a aplicar”. “Confiamos en que el Gobierno la lleve a cabo pero queremos impulsar el debate y que todos los grupos parlamentarios expongan sus opiniones”, explicó.