Sumar denunció en la exposición de motivos que el negocio de las empresas de créditos rápidos “es crear espirales de dependencia”, con las que explotar la situación de vulnerabilidad que viven muchas personas en España.

La formación también advirtió de que estos prestamistas no hacen ningún estudio de solvencia del perfil de sus clientes y sólo buscan “atraparlos” y perseguirlos a través de empresas de cobres “muy agresivas” para intentar “alargar el hilo de pagos el mayor tiempo posible”.

“La Unión Europea (UE) ha regulado este tipo de créditos al consumo y es absolutamente necesario que nuestro país lo haga en el menor plazo de tiempo posible”, agregó Sumar.

La formación reclama en su PNL criterios que definan qué se considera un préstamo abusivo y que se implementen medidas que eviten costes de créditos excesivos o usurarios. Para ello, apuesta por ampliar el ámbito objetivo de los créditos regulados y suprimir el límite inferior de 200 euros que existe en la normativa vigente.

Sumar también propone la creación de un procedimiento de registro y supervisión de todos los prestamistas que concedan créditos al consumo y exigió que estas actividades se reserven a “empresas que muestren la solvencia adecuada y presenten prácticas respetuosas con el consumidor”, que rindan cuentas ante los reguladores de España.

Asimismo, la PNL sugiere que la Administración presente modelos contractuales sobre este tipo de créditos que garanticen unos estándares adecuados para el consumidor.

Otra de las medidas planteadas por Sumar es el sometimiento de las empresas de crédito al consumo y de créditos rápidos al control y la supervisión del Banco de España.

Sumar también pone el foco en la publicidad de este tipo de productos y pidió prohibir los anuncios de créditos rápidos en los que se destaque la facilidad para obtenerlos, frente a otras características, como su coste.

La PNL también incluye un punto para que las Administraciones utilicen los medios necesarios, incluida la Inteligencia Artificial (IA), para detectar los anuncios y posibles abusos y fraudes, y poder sancionar o iniciar una denuncia penal si resulta necesario.

ANTEPROYECTO DE LEY

El Gobierno aprobó a comienzos de enero, en primera vuelta, un anteproyecto de Ley que regula los créditos al consumo, entre los que se encuentran los microcréditos, las tarjetas ‘revolving’ o los préstamos rápidos, para limitar los intereses que se cobran, poner un plazo mínimo de tres meses para devolver los microcréditos y exigir más transparencia a las entidades.

El texto establece un régimen general para los préstamos al consumo y un segundo régimen para los créditos de alto coste o microcréditos.

En el primero, la nueva ley establece una limitación en los intereses, de tal forma que la TAE no supere un determinado nivel de tipo de interés máximo. El límite general se fijará a partir del tipo de interés medio del crédito al consumo al que se le añade un margen que se establece por tramos de importe del crédito en el desarrollo reglamentario.

Los límites se actualizarán y publicarán trimestralmente por el Banco de España y de forma anticipada al trimestre de aplicación, siendo el interés menor conforme aumente el importe. Hasta que entre en vigor el real decreto que fije estos tramos, el anteproyecto establece un límite máximo transitorio del 22%, aplicable a los nuevos créditos y a los existentes con tarjetas ‘revolving’.

En cuanto al régimen específico para los créditos de alto coste, caracterizados por ser de bajo importe, plazo de reembolso reducido y tipos elevados, se establece un periodo mínimo de reembolso de tres cuotas mensuales y se reduce el coste total para el consumidor a un tipo de interés mensual del 4% y una comisión máxima del 5% sujeta a un máximo de 30 euros.

Además, el coste máximo de estos créditos no podrá ser superior al de un crédito a 12 meses por el mismo importe bajo el régimen general. Cuerpo puso el ejemplo de un microcrédito de 300 euros y un plazo de 30 días, que hoy le supone al consumidor un coste promedio de 103 euros y con la nueva ley sería de 40 euros si lo devuelve en un mínimo de tres meses o de 20 euros si decide devolverlo en 30 días.

Las entidades que concedan estos préstamos estarán obligadas a dar un plazo mínimo de 24 horas para aprobarlos, dando así margen al consumidor para tomar la decisión, y tendrán prohibido publicitar exclusivamente estos créditos por su inmediatez y deberán hacer referencia a otras condiciones como los costes.

Otra de las novedades de la normativa es que solo podrán conceder préstamos al consumo las entidades financieras registradas y supervisadas por el Banco de España.