En rueda de prensa, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reiteró que dicha irrupción “es un tema que nos preocupa”, y, citando las declaraciones de ayer de Calviño anunciando que se analizará con rigor, las enmendó tácitamente: “Creemos que el gobierno tiene que trabajar para que la operación no se produzca”.

Urtasun, recuperando las críticas en el mismo sentido de la líder de Sumar y, como Calviño, también vicepresidenta del Gobierno y ministra en funciones, Yolanda Díaz, denunció que la entrada de STC no es una inversión que amplíe el “músculo industrial” de España, sino que es “puramente financiera” y “pone en riesgo la autonomía estratégica” del país, al poner Telefónica “en manos de actores soberanos extranjeros”; en concreto, de un país que no respeta los derechos humanos y “aún no ha dado explicaciones” del asesinato del periodista Jamal Kashogui.

“No podemos permitir que esa operación ocurra”, reiteró Urtasun, quien, aun afirmando que España tiene “un arsenal legislativo en vigor que nos puede permitir frenar esa entrada”, llamó a mejorarlo con las tres medidas que ya propuso Díaz al día siguiente del anuncio de STC de adquirir el 9,9% del accionariado de Telefónica.

En concreto, enumeró invertir capital público en las empresas estratégicas, reducir del 10% al 5% el tope máximo de participación de capital extranjero en una empresa estratégica y que el Estado se reserve una “acción de oro” que le permita vetar este tipo de inversiones.