Según informaron fuentes del socio minoritario del Ejecutivo, se han realizado "observaciones fundamentalmente dirigidas a establecer plazos de desclasificación mucho más cortos que los que establece la propuesta, y en línea con los países de nuestro entorno".

Además, Sumar propone que no se clasifique como reservada la información que pueda resultar relevante para la incoación de procesos judiciales en los que se persigan conductas que atenten contra la dignidad del ser humano.

Igualmente, entre las alegaciones se incluye una propuesta de que las sanciones sean menos elevadas, y la de que los diputados pertenecientes a la comisión correspondiente del Congreso puedan acceder a las diligencias y directivas, así como a las memorias justificativas de las propuestas de clasificación.

Aparte de estas alegaciones en el seno del Gobierno, el grupo parlamentario Sumar avanza que presentará enmiendas cuando el anteproyecto llegue al Congreso.