Así lo anunció el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en declaraciones a los medios realizadas junto al resto de ministros de Sumar, excepto la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras mantener un encuentro y en las que avanzó algunas de las iniciativas más destacadas de dicho proyecto de decreto ley.

Entre ellas, mencionó también el fin al “fraude” de los contratos de temporada; la “limitación” de rentas para los alquileres de habitaciones; la eliminación de la bonificación de rentas de alquiler en el impuesto de sociedades salvo que sean alquileres “asequibles”; la “limitación” de la compra de vivienda “especulativa”, dado que, según dijo, tras la aprobación de la norma, “si se compra para alquilar, tendrá que ser a precios asequibles”; la “restricción” de los pisos turísticos, que tributarían a un “tipo justo”; y sanciones “disuasorias” para los pisos turísticos ilegales.

“La propuesta que presentamos hoy parte de un diagnóstico y es que el mercado de la vivienda está funcionando como una colosal aspiradora de renta y de riqueza en España por mor de un funcionamiento de un mercado que está secuestrado por lógicas extractivas y especulativas”, denunció, al tiempo que, señaló que, a partir de dicho diagnóstico, Sumar ha “construido” una serie de “soluciones” que va a recoger este proyecto de decreto ley que va a negociar con su socio.

A este respecto, incidió en que “representa un plan de intervención urgente del mercado de la vivienda” para “rescatar” el derecho constitucional a una vivienda “digna y asequible” e “imponer el interés general por encima de los intereses de agentes económicos especuladores”.

TRES EJES

En este punto, Bustinduy subrayó que este “plan de intervención urgente” se articula en torno a tres “ejes principales”, el primero de los cuales está relacionado con la “protección inmediata” de los inquilinos; el segundo, con “acabar con la especulación y la acaparación de viviendas en España”; y el tercero, con la “restricción” de los pisos turísticos.

Como ”medidas principales”, en cuanto al primer eje, el ministro hizo hincapié en que España “es el país con una mayor proporción de personas que viven de alquiler que están en situación de riesgo de exclusión social o de pobreza”, teniendo en cuenta que casi dos de cada cinco personas que viven de alquiler “están en esa situación”.

“Para acabar con esta situación, planteamos dos medidas principales”, abundó, en referencia, en primera instancia, a la “congelación y prórroga” de los contratos de alquiler, al tiempo que explicó que todos los nuevos contratos de alquiler y la renovación de los contratos existentes “deberán fijarse al mismo precio que el contrato anterior” y que se “pospone” el vencimiento de los contratos actuales durante tres años.

En esta línea, Bustinduy precisó que estas medidas serían de aplicación “en toda España” y confirmó que en las comunidades autónomas que se han “negado” a aplicar la Ley de Vivienda, topar los precios de los alquileres y declarar zonas tensionadas, “todos los nuevos contratos de alquiler y la renovación de los contratos existentes se hará al precio anterior”, mientras que en las regiones que sí han declarado zonas tensionadas estas directrices serán de aplicación en dichas zonas, donde, además, se ampliará el periodo de prórroga de esos contratos en dos años adicionales, hasta cinco años más.

ALQUILER DE TEMPORADA

“La segunda medida tiene que ver con acabar, de una vez, con el fraude de los alquileres de temporada y regular los precios de los alquileres de habitaciones”, explicitó, al tiempo que indicó que la primera medida “tiene que ver con que los alquileres de temporada dejen de utilizarse para sortear la regulación del alquiler habitual”, esto es, “acabar con el fraude de los alquileres de temporada”.

En paralelo, deslizó que los derechos de los arrendatarios habituales “se extenderán al alquiler de habitaciones, incluyendo el control de rentas en las zonas tensionadas”, dado que, quien vive de alquiler en una habitación “está ahora mismo en la posición más vulnerable de todas en el mercado de la vivienda”, razón por la cual Sumar quiere “regular los precios también del control de alquileres”.

Por lo que respecta a la especulación y acaparamiento de viviendas, Bustinduy aseveró que, el año pasado, en España “hasta seis de cada diez viviendas se compraron al contado, sin mediar hipoteca”, circunstancia que, a su entender, es “una indicación clara” de que la “mayoría” de esas operaciones “no se hacen para residir en esas viviendas o para ponerlas en alquiler asequible”.

En este sentido, la formación de Yolanda Díaz plantea una “modificación” del Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas de modo que los propietarios de cuatro o más viviendas “pasen a contribuir por su patrimonio inmobiliario con un tipo del 5% anual”.

“Asimismo, planteamos la eliminación de la bonificación de las rentas del alquiler del 40% en el Impuesto de Sociedades, salvo en el caso en el que se trate de alquileres asequibles”, agregó, al tiempo que apostó por “acabar con la práctica de subvencionar y bonificar la actividad de grandes empresas” que, según su criterio, “se lucran poniendo en alquiler viviendas a precios desorbitados”.

MÁS MEDIDAS

Por último, Sumar insta a la “limitación” de nueva compra de vivienda que vaya a ponerse en alquiler, que será “restringida” a alquileres “asequibles” según los índices de referencia con el fin de “eliminar cualquier incentivo” a la compra de vivienda para ponerla en alquiler “inflando los precios todavía más de los mercados de alquiler”.

“Se trata de aplicar la misma limitación de rentas prevista en la Ley de Vivienda para grandes tenedores en las zonas tensionadas al conjunto del país”, prosiguió.

En cuanto al control y gravamen de los pisos turísticos, Bustinduy refirió la existencia de “multitud de estudios”, incluido uno reciente del Banco de España, que “prueban que los barrios donde hay mayor concentración de pisos turísticos son también los barrios en los que más se ha elevado el precio de alquiler y de compra”.

“Planteamos, por tanto, una intervención para reclasificar el alquiler turístico”, detalló, al tiempo que adelantó que “cualquier alquiler de duración menor o igual a 30 días” se considerará “a todos los efectos turístico”. “Así evitaremos el fraude de ley de algunas plataformas que ofrecen como alquileres de temporada viviendas turísticas que carecen de licencia para ello”, reivindicó.

Junto a ello, Sumar exige, “de una vez”, una tributación “justa” para las viviendas de uso turístico, que pasarán a tributar según el tipo general del IVA del 21% “acabando con el trato de favor fiscal que tienen en la actualidad”, según el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

ALQUILER TURÍSTICO

“Y, por último, elevaremos a rango de ley la obligación de registro de los alquileres de corta duración para reforzar el control del alquiler turístico y dotarnos de un régimen sancionador verdaderamente disuasorio para los pisos turísticos ilegales”, apostilló, convencido de que son “medidas eficaces, viables y de aplicación inmediata”, que serán “útiles” para “rescatar” un mercado de la vivienda “secuestrado por agentes económicos que se están lucrando a costa del bienestar y la tranquilidad de las familias en España”.

Tras afirmar que el objetivo de esta iniciativa es “restaurar el derecho constitucional de la vivienda y asegurar que conseguir un techo no se convierta en una tarea imposible para las familias trabajadoras”, Bustinduy advirtió de que la “culpa” del “problema de la vivienda” en España “no es de las generaciones anteriores, de las personas mayores o de los jubilados” ni tampoco “de los jóvenes que no sepan ahorrar o que tengan una sensibilidad de cristal”.

“La culpa del problema de la vivienda es de un conglomerado de fondos buitres, de grandes tenedores y de empresas sin escrúpulos que han constituido una clase rentista y extractiva que vive a costa de extraer hasta la mitad de los ingresos de las familias españolas, simplemente por el hecho de tener un techo bajo el que vivir”, criticó, convencido de que se trata de “una clase rentista que no aporta valor alguno a la economía española”, pero que, por el contrario, “sí está poniendo en riesgo y amenazando gravemente la cohesión social y el bienestar de la gente”.

Para el ministro, ante tal situación, este “plan de intervención urgente” sí “ataca” las “causas estructurales” de esta “crisis” y “supone los primeros pasos para, de verdad, poder restaurar el derecho fundamental a acceder a una vivienda digna”.

“Hay un clamor social en España para hacer esto y, con la presentación de este plan, creemos que estamos abriendo la hoja de ruta para que el Gobierno responda a ese clamor social y podamos atajar el que, sin duda, es el principal problema de nuestro país ahora mismo”, espetó, consciente de que la vivienda “no es solo la primera preocupación de la ciudadanía y el mayor problema que afrontan las familias y la clase trabajadora en España”, sino también “la razón principal” por la que los “excelentes” datos macroeconómicos “no se reflejan plenamente en el día a día de las familias y de las personas trabajadoras de este país”.