Lo anunció este miércoles el portavoz de Interior y Justicia del grupo parlamentario, Enrique Santiago, quien justificó que, de esa forma, lo que el Supremo impugna por haber sido objeto de una mera instrucción del Ministerio de Presidencia, pasará a adquirir "rango de ley" y no podrá ser anulado más que por el Tribunal Constitucional, siempre que supere el trámite parlamentario y sea aprobado.

El Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto de los descendientes de exiliados durante el franquismo que venía aparejado a su adquisición de la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática; un apartado que se viene denominando 'ley de nietos'.

Santiago explicó que se ha escogido la Ley de Educación por tratarse de la iniciativa legislativa en más avanzado estado de tramitación, pero que podría incorporar la misma enmienda a cualquier otra que fuera a aprobarse antes.

El propósito, reconoció, "elevar a rango normativo de ley la presunción de la condición de exiliados respecto a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 al 21 de diciembre de 1955", y, así, que "quede sin efecto" la sentencia del Supremo que suspendió cautelarmente el voto de los emigrantes durante el franquismo si no pueden certificar que son hijos o nietos de exiliados por motivos políticos.

El también portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados se mostró convencido de que el Tribunal Constitucional terminaría en cualquier caso devolviendo el derecho de voto a todos esos descendientes, pero, para evitar demoras, apostó por esta argucia aprovechando el último día para presentar enmiendas a la Ley de Educación. Ahora, debe constituirse la ponencia y luego el texto pasaría a comisión antes de aprobarse en el Pleno del Congreso.