Presentó la iniciativa en rueda de prensa en el Congreso el portavoz de Izquierda Unida en la Cámara, Enrique Santiago, quien ya lo hizo en la pasada legislatura, cuando, recordó hoy, la propuesta de Unidas Podemos y otra similar de ERC ya fueron admitidas a trámite y superaron las enmiendas a la totalidad del PP y Vox, pero quedaron paralizadas en el trámite de enmiendas y decayeron con la disolución de las cámaras al adelantar las elecciones generales el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También citó las distintas condenas con indemnización que ha sufrido España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sentencias contra estos delitos.

La exposición de motivos, y Santiago en la rueda de prensa, partieron de la premisa de que "las restricciones que conforman las fronteras de la libertad de expresión deben ser muy medidas y justificadas" y que "en ningún momento estas restrinjan el debate público y la libre participación política de la ciudadanía", y de que ya hay delitos genéricos de injurias y calumnias que cubren el derecho al honor de la Familia Real, las personas religiosas y los miembros de otras instituciones del Estado. Respecto al de enaltecimiento del terrorismo, el portavoz de IU recordó que "se creó cuando ya estaba desapareciendo en España el terrorismo y que incluso se endureció cuando ya no existía", y que se aplicó a cantantes o titiriteros que nada tenían que ver con él.

De ser aprobada, la proposición suprimiría los artículos 490.3, 491, 504, 525, 543 y 578 del Código Penal, que regulan los mencionados delitos a derogar, modificaría los artículos 22 y 538 e introduciría un nuevo artículo 536 bis. El artículo 22, que comprende los agravantes de la responsabilidad criminal, pasaría a incluir a las víctimas del terrorismo, a cambio de la despenalización del enaltecimiento del terrorismo.

El nuevo 536bis inhabilitará para cargo público a los funcionarios que identifiquen a personas por ejercer su libertad de expresión. forma, en tanto que el 538 incorporará un segundo apartado según el cual se inhabilitará también para ello, en ambos vasos de uno a cuatro años, a "la autoridad o funcionario público que, fuera de los supuestos previstos legalmente, impida el derecho a la libertad de expresión de una o varias personas".

FUNCIONARIOS

Estas dos disposiciones impedirán, según el diputado de Sumar, "que los funcionarios públicos limiten el ejercicio de la libertad de expresión en lo que tiene que ver tanto con limitaciones a la difusión de publicaciones o que no se produzcan identificaciones colectivas o coactivas de personas en función de características sindicales, religiosas, sociales o políticas"

Respecto a las supresión del delito contra los sentimientos religiosos, Santiago sostuvo que "lo que hay que proteger es la libertad religiosa, y la crítica contra las religiones o creencias, siempre que sea una crítica civilizada, está amparada por la libertad de expresión, y para otros casos la protección de libertad de culto se encuentra ya suficientemente recogida" en otros artículos del Código Penal. En cuanto al delito de injurias al Gobierno y otras instituciones, recordó que nunca se ha aplicado y "también está limitando la libertad de expresión por no delimitar claramente cuáles son los supuestos de crítica aceptables políticamente".

Preguntado por la libertad de expresión del sindicato de la Guardia Civil Jucil, que criticó la eventual amnistía a los independentistas catalanes y para el que el propio Santiago sugirió al Gobierno que emprenda acciones, éste respondió que "los funcionarios públicos, y menos si tienen el privilegio de ostentar lo que se llama en democracia el monopolio del uso de la fuerza y de las armas, no pueden intervenir en política", porque "están al servicio de toda la ciudadanía".