Según fuentes de la Vicepresidencia Segunda consultadas por Servimedia, el socio mayoritario del Ejecutivo todavía no ha respondido afirmativamente a la petición del minoritario de que estas dos iniciativas se aprueben en la reunión del gabinete ministerial de Pedro Sánchez del martes 29, la última antes de las vacaciones de agosto. "Es probable que no se sepa hasta el propio martes", aventuraron.

Este sábado Sumar se quejó de que las negociaciones "no están avanzando como debieran" porque el PSOE "no ha mostrado la voluntad política suficiente".

Lo que sí se sabe ya es que, después de que el pasado lunes la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos estudiara el Estatuto del Becario, cumpliendo así uno de los pasos previos que siguen todas las iniciativas gubernamentales antes de ser aprobadas en Consejo de Ministros, mañana no hará lo propio con el real decreto sobre permisos, que abanderan el Ministerio de Trabajo y el de Derechos Sociales, ambos controlados por Sumar.

Ahora bien, desde la Vicepresidencia Segunda, que ostenta la líder de Sumar, Yolanda Díaz, advirtieron a esta agencia de que, en caso de llegar a un acuerdo con el PSOE, el decreto de permisos podría aprobarse el martes en el Consejo sin pasar por la Comisión Delegada ni la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado. Si se alcanzara dicho acuerdo, los ministerios de Trabajo y Derechos Sociales llevarían el texto "en mano" a la reunión del gabinete de Sánchez.

Sumar prometió a comienzos de mes que haría aprobar este decreto en el Ejecutivo antes de que terminara julio, como parte imprescindible del "giro social" que entiende que debe adoptar el Gobierno para "resetear" la legislatura y recuperar la iniciativa después de varias semanas con la agenda mediática casi monopolizada por las investigaciones policiales y judiciales sobre casos de corrupción en el PSOE. Después de una insatisfactoria reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de gobierno el día 2, Sumar se sintió en condiciones de presentar como "exigencias" y "ultimátum" la aprobación de medidas anticorrupción, que Sánchez sí anunció el 9, y del citado decreto de permisos.

En concreto, la formación que lidera Yolanda Díaz reclama que cuatro de las ocho semanas de permisos de cuidados a las que tienen derecho los padres hasta que un hijo cumpla los ocho años sean retribuidos, como mandata, de hecho, una directiva de la Unión Europea; que los permisos de maternidad y paternidad por nacimiento pasen de las 16 semanas actuales a 20, y que, en el caso de familias monomarentales, la madre casi aglutine ambos períodos y tenga derecho a un permiso de 34.

PARA AGOSTO

Fuentes del Ministerio de Hacienda avanzaron a Servimedia que ven "difícil" que ninguna de estas dos medidas, el Estatuto del Becario y el decreto de permisos, se aprueben este martes en el Consejo de Ministros, y señalaron preferiblemente a la reunión del gabinete que tendrá lugar el próximo 26 de agosto, después de las vacaciones y unos días antes del inicio formal del nuevo curso político.

Para esa fecha, en el entorno de la ministra, María Jesús Montero, sí ven factible que se apruebe, sobre todo, el Estatuto del Becario, para el que ya hay acuerdo y consenso. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ensalzó el pasado lunes que esta regulación, que Díaz lleva persiguiendo tres años, pretende "dignificar y regular las prácticas formativas no laborales" acabando con los abusos, poner "un límite al número de becarios por tutor"; obligar a "cubrir gastos esenciales, como transporte y manutención" del becario, fijar un máximo de horas de prácticas" y evitar que, con esta figura, "se sustituyan puestos de trabajo estructurales".

En cuanto al decreto de permisos, en la parte socialista del Gobierno también hay quien comparte la ambición de Sumar de que esté en vigor antes de que se inicie el próximo curso escolar, un objetivo para el que bastaría con que el decreto se aprobara en el Consejo de ministros de agosto. Sin embargo, la receptividad es mayor hacia la retribución de cuatro de las semanas del permiso de cuidados, por cuyo incumplimiento de la directiva europea España ya está pagando una multa de casi 9.800 euros diarios, que aumentará a partir de agosto a 43.000.

En el PSOE ven con más recelo el aumento en nada menos que un 25% de los permisos de maternidad y paternidad por nacimiento y la fijación en 34 semanas del derecho de las progenitoras en las familias monomarentales. En concreto, fuentes gubernamentales apuntan que la propia Montero, pese a las presiones de madres solteras socialistas, no comparte la lógica de que éstas acumulen en sí el tiempo que en otras familias se reparten el padre y la madre.

Su razonamiento sería que la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad obedece a la necesidad de que las mujeres no se vean perjudicadas en el mercado laboral por la mayor extensión de sus bajas. No se trató de una suerte de reconocimiento de los derechos del bebé de estar con sus padres, de forma que tampoco tendría sentido compensar a los hijos de familias monomarentales del perjuicio que tendrían respecto a quienes cuentan con dos progenitores.