A través de un comunicado, este sindicato detalló la carta remitida por su secretario general, Carlos Prieto Conesa, con copia acopia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; al delegado de Gobierno de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano; al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (Cnpic), y al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras. En ella, solicita una verificación "urgente" de la seguridad de las instalaciones, emergencias y prevención de riesgos laborales derivadas de la utilización temporal de dichos terrenos.

En concreto, el SUP manifiesta su "preocupación" por las por las posibles consecuencias que dicha ubicación puede producir desde el punto de vista de la protección portuaria, la seguridad de las instalaciones, la prevención de incendios y emergencias, el mantenimiento de los servicios esenciales y la seguridad laboral y operativa de los funcionarios de la Policía Nacional que vayan a desarrollar sus funciones allí.

Por ello, considera "imprescindible" conocer si se han evaluado adecuadamente los riesgos de incendio, propagación y evacuación; la proximidad a instalaciones relacionadas con combustibles, energía y servicios esenciales; la afectación a la seguridad portuaria, y las consecuencias operativas para los agentes. Tras remarcar que entienden la obligación del Gobierno de proporcionar una "atención humanitaria adecuada", sí que cuestionan que pueda concentrarse a alrededor de un millar de personas en una instalación dentro del dominio público portuario "sin conocer y acreditar previamente" que se cumplen "todas las garantías de seguridad exigibles".

Así, exigen que se identifique el informe técnico que avaló la compatibilidad de este dispositivo con el funcionamiento normal del puerto, incidiendo en que la presencia de los migrantes puede "modificar sustancialmente los patrones de acceso, evacuación, control de personas, intervención policial y gestión de emergencias de la zona". En este sentido, hacen hincapié en que debe evaluarse qué respuesta policial sería necesaria ante posibles "peleas o alteraciones del orden dentro del dispositivo", concentraciones de personas en sus inmediaciones, intentos de acceder a zonas restringidas del puerto o de aproximarse a las áreas de embarque y ferris.

"La prevención debe imponerse a la improvisación", subraya el SUP, mientras insiste en que, si dichas valoraciones que reclaman no son satisfactorias, se acuerde la suspensión de la ocupación o su reubicación. Asimismo, quieren conocer qué otras alternativas de ubicación fueron estudiadas y los "criterios objetivos" utilizados para descartar cada una de ellas.

De ahí que resuman su reclamación en que, "sin una evaluación completa de los riesgos", se podrían generar "consecuencias difícilmente reversibles en caso de producirse un incidente de seguridad o emergencia". Por último, dejan claro que, si bien "Ceuta necesita soluciones", estas no pueden consentir en "trasladar un problema de un lugar a otro sin evaluar previamente sus consecuencias".