Dicho acto fue adoptado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Es en la propuesta realizada por éste donde la sentencia aprecia desviación de poder, consistente en “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico”.

En este caso, la sentencia considera acreditado que la finalidad buscada por el fiscal general del Estado fue asegurar a Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor.

Esta circunstancia se aparta de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito.

La sentencia acuerda retrotraer las actuaciones al momento anterior al de elevar al Consejo de Ministros la propuesta del Fiscal General del Estado, a fin de que se realice otra nueva, teniendo en cuenta cuanto queda dicho sobre la finalidad de la potestad de resolver convocatorias para plazas en el Ministerio Fiscal.