La Audiencia no consideró acreditado ningún tipo de acuerdo entre el acusado y el legal representante de la productora, que era José Luis Moreno, para beneficiar a la mercantil, ni tampoco que firmara el contrato para perjudicar a RTVV ni que los derechos de emisión de los capítulos contratados estuvieran sobrevalorados.

El Supremo rechaza los dos recursos presentados al considerar, entre otros argumentos, que la Audiencia Provincial ha ofrecido una fundada respuesta a la pretensión condenatoria formulada por la acusación, “aunque contraria a sus intereses”, sin que se advierta una errónea valoración de las pruebas.

Además, señala que no cabe tildar de arbitraria o simulada la argumentación del Tribunal de instancia, aunque sean apreciaciones totalmente divergentes con las de la acusación, ya que son fruto de la inmediación del tribunal, que no pueden ser modificadas a través del recurso de casación de una sentencia absolutoria, y que cumplen el canon mínimo exigible conforme a la jurisprudencia del tribunal.

La sentencia inicial consideraba que los pagos se hicieron siguiendo el procedimiento y a través de unas negociaciones en las que no participó Jaraba. Tampoco consta que Jaraba tuviese ninguna relación con la productora de Moreno o con él mismo.

Añadía que “no queda probado ningún quebranto económico para la Generalitat Valenciana" por los contratos suscritos por Canal 9 con la productora e incidía en que Jaraba rebajó los sueldos de los directivos y el suyo propio y redujo la deuda de la entidad pública en 154 millones. En esta causa la Fiscalía no presentó acusación, ni tampoco consideró que hubiera mala fe por parte de las acusaciones, cuyas pruebas sólo fueron desvirtuadas durante el juicio.