Asimismo, ratifica siete años de inhabilitación especial al concejal delegado Ramón Tomás Céspedes por un delito de prevaricación administrativa. Sin embargo, absuelve al tercer condenado en la misma causa, el empresario Antonio P.D., que había sido condenado como cooperador necesario de la prevaricación, debido a la absoluta falta de mención en los hechos probados de cuál fue su grado de participación en los hechos como representante de la empresa.

Respecto a Robert Nebot, que era alcalde de la localidad en el momento de los hechos, se rechaza su recurso y se destaca que su función era la de garante, por lo que tenía obligación de actuar y no lo hizo cuando sabía lo que estaba pasando troceándose facturas para no ir a la licitación pública de contratos y adjudicándolos directamente a la misma empresa.