Según informó este viernes el TS, los magistrados rechazaron todos los motivos del recurso de Borrás y concluyeron que, como criminalmente responsable de delitos de prevaricación administrativa, delitos continuados de falsedad en documento oficial e inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil se le impuso una condena penal incompatible con el cargo que ostentaba.

La presidenta de Junts fue condenada en marzo a una pena de cuatro años y medio de cárcel, nueve de inhabilitación y a una sanción económica de más de 30.000 euros por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa.

La sentencia hace referencia a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y explica que ésta busca "una mayor protección de las instituciones públicas" y que "el ejercicio de cargos públicos de base representativa, no sea desempeñado por quienes hayan sido penalmente condenados a pena de inhabilitación especial", independientemente de en que parte de la administración pública trabajaran.

EJEMPLARIDAD

El Supremo también se apoya en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1999 en la que se se explica que para los gestores públicos "es exigible una cierta ejemplaridad social" especialmente "respecto de aquellos cargos cuya función consiste precisamente, por ser representantes de los ciudadanos, en actuar de manera directa en los asuntos públicos".

Además, subraya que "no tiene dudas" sobre que sea constitucional retirar el escaño aunque la sentencia condenatoria no sea firme y tampoco "sobre la proporcionalidad y legitimidad de esta medida"