La Audiencia Provincial había resuelto que el Pazo de Meirás era propiedad del Estado y estableció que los hermanos Martínez-Bordiú debían devolver su posesión.

Fijó también que la familia del dictador tenían derecho a ser indemnizados por los gastos necesarios y útiles realizados en el inmueble durante el tiempo de su posesión, puesto que no habían sido poseedores de mala fe.