Los hijos del fallecido habían pedido 350.000 euros en concepto de daños y perjuicios, además de una indemnización independiente por los daños morales ocasionados por la muerte del padre, que previamente ya había sido incapacitado como consecuencia del contacto con el amianto.

En 2022, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zaragoza reconoció parcialmente estas reclamaciones y condenó al Ayuntamiento a abonar 286.126 euros, distribuidos al 50% entre los dos hijos.

El Ayuntamiento y su aseguradora alegaron una posible duplicidad indemnizatoria. Así, esgrimieron que el pago previo de 264.562 euros, acreditados como recargo de prestaciones de la Seguridad Social, podría resultar excesivo si se sumara a la nueva indemnización.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) aceptó parcialmente esta defensa, aplicando una reducción del 25% a la cuantía inicial, explicando que el tabaquismo del trabajador había influido en la evolución de la enfermedad. De este modo, acordó descontar las cantidades ya abonadas, con el fin de evitar un doble pago.

Sin embargo, los herederos impugnaron esta resolución ante el Tribunal Supremo, que finalmente ha restablecido una indemnización consistente en 214.594 euros, más los intereses legales correspondientes, distribuidos igualmente entre los hijos.