Según explicó hoy CEEES, la patronal presentó en 1995 una denuncia contra Repsol, Cepsa y BP por entender que se producía discriminación de precios a las estaciones de servicio, dando a los distribuidores y titulares de instalaciones fijas mejores condiciones económicas que a las gasolineras con las que las citadas petroleras tenían suscritos contratos de compra exclusiva del producto.

Traspresentar la denuncia, las compañías interpusieron recursos de casación, junto con la abogacía del Estado, que han sido rechazados por el Tribunal Supremo por sentencia de 7 de julio de 2003.

De esta forma, se obliga al Servicio y al Tribunal de Defensa de la Competencia a iniciar una investigación para determinar si existe dicha diferencia de precios en función de la titularidad de las estaciones de servicio, la existencia de márgenes y comisiones concedidas por las petroleras a los distribuidores e ntalaciones fijas y la existencia de prácticas de competencia desleal en el sector.