Las obras fueron aprobadas por un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de 27 de septiembre de 1994. Sin embargo ese informe ha sido impugnado por Aedenat dentro de la tramitación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo porque parte de los consejeros habían agotado su mandato.

Los ecologistas habían solicitado la suspensión provisional de la ejecutividad de ese informe que daba vía libre a las repaaciones, por entender que no garantizaban la seguridad de la central una véz que ésta, posteriormente, se pusiera en marcha.

Tanto el abogado del Estado como el Tribunal Supremo han considerado que de una mera reparación de las averías (en la tapa de la vasija) no parece fácil aceptar que normalmente hayan de producirse daños o perjuicios.

Aedenat ha presentado un informe técnico en el que advertía de "los riesgos derivados de la reapertura de una central obsoleta, dañada en partes esenciales y, demás, ya amortizada" y sus portavoces aseguran que "lamentarían que un posible accidente nuclear les diera la razón".

Los portavoces ecologistas resaltan que la resolución del Supremo se haya producido después de que las reparaciones se hayan terminado, "con lo que Unión Fenosa (propietaria de la central) ha realizado sus propósitos con total impunidad".

Por último, destacan el hecho de que la mencionada resolución judicial reconozca la legitimidad de Aedenat de "impugnar este tipo de actos admiistrativos que pueden atacar a la conservación del medio ambiente o a la salud pública en general.