La denuncia de Manos Limpias, a la que se habían adherido otras dos asociaciones, también se dirigía contra la vicepresidenta Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el diputado en el Congreso de los Diputados Óscar Puente; el secretario de organización del PSOE, Oscar Cerdán; y la eurodiputada socialista Irache García, como cooperadores necesarios de los delitos denunciados.

En su auto, la Sala reitera que se trata de un acuerdo político y concluye que “los hechos denunciados no son constitutivos de delito a lo que habríamos de añadir que tampoco pueden merecer esa calificación las enmiendas que los diputados, en el ejercicio de su función legislativa, pueden proponer durante la tramitación de una proposición o proyecto de ley”.